MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Gobierno sigue adelante con el expediente para declarar la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática por su pasado como centro policial de la dictadura franquista y defiende que no vulnera competencias autonómicas, frente a la oposición del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso.
Así lo ha expresado este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha comunicado que el Gobierno ha aprobado la respuesta al requerimiento de incompetencia formulado por la Comunidad de Madrid en el expediente sobre la Real Casa de Correos, ubicada en la madrileña Puerta del Sol.
La portavoz del Gobierno ha recordado que ese edificio acogió la Dirección General de Seguridad franquista y ha señalado que en el mismo se produjeron maltratos.
Según ha indicado, el Gobierno mantiene el expediente para declarar lugar de memoria al considerar que “no hay vulneración ni invasión de competencias autonómicas”. “De hecho, la propia Ley de Memoria Democrática recoge que es compatible esa figura con el uso institucional y de servicio público que tiene actualmente la Real Casa de Correos”, ha añadido.
Alegría ha puntualizado que la declaración como lugar de memoria “lo que conlleva, entre otras cosas, es sencillamente la colocación de una placa en la fachada para recordar las personas que allí fueron detenidas y maltratadas en ese lugar durante la dictadura”.
La Comunidad de Madrid viene exigiendo al Gobierno que deje sin efecto la resolución que inicia el expediente y no ha descartado acudir a los tribunales para que no se convierta el edificio en “un aquelarre”.
NO TIENE FUNDAMENTO
Según el Gobierno, la Comunidad argumenta en su requerimiento “una importante y grave injerencia y perturbación en el derecho de propiedad y en la posesión del inmueble”.
El Ejecutivo responde, a través de una nota de prensa, que las alegaciones “carecen de fundamento”, ya que “no se realiza alteración, por mínima que sea, en el inmueble objeto de la incoación”.
Asimismo, señala que la Comunidad de Madrid “nunca ha cuestionado la constitucionalidad” de la Ley de Memoria Democrática que regula la figura del lugar de memoria “y lo hace ahora, transcurridos más de dos años de la entrada en vigor de la norma”, además de incidir en que no la legislado sobre esta materia, como sí han hecho otras comunidades con leyes propias a nivel autonómico.
También apunta que la Real Casa de Correos tiene de la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), “lo que no es óbice para que, además, dicho inmueble pueda ser declarado lugar de memoria”.
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