SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Sevilla ha iniciado este martes un nuevo juicio contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, que ha alegado “cosa juzgada” sobre las presuntas irregularidades por el más de un millón de euros concedido por la Junta de Andalucía a la empresa Instaladora Moderna de Electricidad, merced al mecanismo de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En concreto, en esta pieza separada de los ERE figuraban como encartados Daniel Rivera, el empresario José Manuel Pineda Sierra y el exdirector de la consultora Vitalia Vida Antonio Albarracín, si bien la causa fue sobreseída para este último tras admitir la Audiencia su recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla de incluirle en estas actuaciones.
Empero, Albarracín figura en aproximadamente 40 piezas separadas más, según su propio abogado defensor, pesando su condena en causas como la de las subvenciones autonómicas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco) o la de los fondos concedidos a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica, siempre en el marco de la macrocausa de los ERE.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la empresa Instaladora Moderna de Electricidad, dirigida por José Manuel Pineda Sierra, fue beneficiaria de ayudas “arbitrarias, injustas y sin publicidad”, así como “al margen de la legalidad”, por parte de la Junta de Andalucía, recibiendo 1.031.392 euros; “que se gestaron mediante negociaciones verbales a espaldas del procedimiento legal”, entre representantes de la Junta de Andalucía y el mencionado empresario responsable de la entidad, quien era “conocedor de su ilicitud y actuó en plena connivencia” para cosechar el dinero público.
PETICIONES DE CÁRCEL
Dado el caso, la Fiscalía achaca a Daniel Rivera un presunto delito de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial, ambos en concurso por malversación, reclamando para él cuatro años y medio de prisión, cuatro años de inhabilitación especial y una multa.
Al empresario le achaca el papel de cooperador necesario de un supuesto delito continuado de prevaricación en concurso con otro delito de malversación, pidiendo que sea condenado a tres años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta.
En el juicio, durante la fase de cuestiones previas, la abogada defensora de Rivera ha lamentado una vez más que tras la exclusión de su cliente de la pieza principal del “procedimiento específico” de financiación de los ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias, o sea la causa troncal de este macro caso; Daniel Alberto Rivera afronte su inculpación en unas 50 piezas separadas correspondientes a las órdenes de pago que firmó merced a las ayudas en cuestión financiadas con cargo a dicho mecanismo de financiación, con peticiones de pena de una media de seis años de cárcel, lo que suma a unas solicitudes de condena que llegan a unos 300 años de prisión.
“COSA JUZGADA”
Esta situación, según ha insistido, supone un “trato desigual” con relación a otros acusados, lo que ha llevado a la abogada defensora a señalar de nuevo que en el juicio pesa una situación de “cosa juzgada” y de infracción del principio de ‘non bis in idem’, que impide sancionar penalmente un mismo sujeto respecto a un mismo hecho o comportamiento ya juzgado.
Y es que según la abogada defensora de Rivera, los hechos enjuiciados en esta pieza separada de la macro causa tienen “idéntico objeto” con relación a la pieza del “procedimiento específico”, de la cual fue excluido este ex director general de Trabajo.
Además, la abogada defensora de Rivera ha enfatizado que el mismo firmó las órdenes de pago relacionadas con los fondos autonómicos recibidos por la empresa Instaladora Moderna “cumpliendo órdenes de su predecesor” al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, quien “ha sido absuelto de esta pieza”, como ha remarcado, asegurando que estos argumentos conducen al “libre sobreseimiento” de las actuaciones con relación a Daniel Alberto Rivera. “Él estaba cumpliendo las órdenes recibidas”, ha enfatizado.
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