MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este martes admitir a trámite la petición de amparo de la titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Granada, Aurora Angulo, que denunció presiones de “personas que ostentan o han ostentado cargos públicos” en el caso de Juana Rivas.
La magistrada hacía referencia en su escrito a los ataques recibidos desde diferentes cargos públicos, entre ellos varias ministras y exministros, que se han venido pronunciando durante los últimos días sobre la inexistencia de maltrato al hijo menor de Juana Rivas, que es el argumento para evitar que el niño vuelva a Italia con su padre, investigado en ese país por esos hechos.
La magistrada rechazó abrir diligencias por esos hechos denunciados por la madre y esa decisión fue motivo de críticas por parte de la exministra de Igualdad Irene Montero; por su sucesora en el cargo, Ana Redondo, por la ministra de Infancia, Sira Rego, y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Angulo rechazó investigar el caso por entender que no era de su competencia
En su escrito, la juez Angulo pedía el amparo del CGPJ por “las valoraciones que se han realizado por personas que ostentan o han ostentado cargos públicos” y con las que “se pretende vulnerar mi independencia judicial e influir en mi libre capacidad de resolución, sintiéndome, tal como señala el artículo 14 LOPJ, inquietada en el ejercicio de mi función jurisdiccional”.
La Comisión Permanente acordó abrir un plazo de alegaciones con el fin de oír a las personas aludidas por la magistrada en su escrito. Una vez concluya la tramitación del expediente, el CGPJ deberá decidir si otorga o no el amparo a la magistrada. La figura del amparo está recogida en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La defensa de Juana Rivas ha solicitado este martes la recusación de las dos juezas de Violencia sobre la Mujer de Granada que han intervenido en su caso para que sean apartadas del mismo alegando que han “perdido su imparcialidad” al haber apoyado un manifiesto en el que más de un centenar de jueces especializados en violencia de todo el país respaldaron la tramitación que se ha hecho de la causa.
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