VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, recibió el pasado año 546 reclamaciones, de las que más de la mitad, se presentaron por la falta de acceso a la información de Administraciones locales.
De las 546 reclamaciones, 127 fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 110 las formularon concejales de ayuntamientos y 17 fueron presentadas por vocales de juntas vecinales.
En cuanto a otros colectivos, destacan, en menor número, las reclamaciones presentadas por representantes de los empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas, explica el procurador a través de un comunicado.
La comisión destaca que en 7 de cada 10 de las reclamaciones se utilizó la sede electrónica del Comisionado para su presentación. Por otra parte, del total de las 546 reclamaciones recibidas, 351 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales.
De ellas, 291 se presentaron frente a ayuntamientos, 34 frente a entidades locales menores, 25 frente a diputaciones provinciales y una frente a una mancomunidad.
Por otra parte, 154 reclamaciones fueron presentadas frente a las consejerías de la Administración autonómica, y 21 frente a otras entidades integrantes del sector público autonómico. Además, detalla el órgano, siete reclamaciones se refirieron a la falta de acceso a información en poder de las universidades públicas de la Comunidad.
La mayor parte de las reclamaciones, en concreto 386, se fundamentaban en la falta de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 71 por ciento del total de las presentadas. Otras 160 reclamaciones lo fueron frente a denegaciones expresas de información, denegaciones que se basaban principalmente en protección de datos personales; la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada; que la solicitud era manifiestamente repetitiva o de carácter abusivo, entre otras.
Como ha ocurrido en años anteriores, el tipo de información solicitada cuya denegación ha motivado las reclamaciones era muy diverso; no obstante, las materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas al empleo público, contratación, gestión y disposición de recursos públicos, sanidad, obras públicas, protección del medio ambiente y urbanismo, continúa la información.
En el año de referencia, el 2024, la Comisión de Transparencia ha adoptado 498 resoluciones, de las cuales 329 se adoptaron en reclamaciones presentadas frente a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, y 136 se refirieron a la Administración autonómica o su sector público. El resto se refieren a Universidades o Colegios Profesionales. En 234 resoluciones se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada.
El Procurador del Común recuerda que las resoluciones de la Comisión de Transparencia “deben cumplirse y, por tanto, las Administraciones concernidas han de proporcionar el acceso a la información previamente denegada”.
En 155 casos, una vez que hubo intervenido la Comisión ante la presentación de una reclamación frente al silencio o falta de respuesta a una solicitud de información ante la Administración o entidad pública, estas han proporcionado la información solicitada sin que la Comisión de Transparencia hubiera tenido que reconocer de forma expresa el derecho del solicitante a acceder a la información.
En 30 resoluciones de las 498 dictadas, la Comisión de Transparencia confirmó la legalidad de la denegación de la información solicitada que con anterioridad había manifestado la Administración o entidad pública correspondiente. El resto fueron inadmisiones o desistimientos.
El contenido completo de todas las resoluciones emitidas, tanto las estimatorias como las desestimatorias, se halla publicado en la página electrónica del Comisionado de Transparencia.
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