Entre los acusados está el tío del exalcalde Manuel Bustos, Melquiades Garrido
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal 1 de Sabadell (Barcelona) celebra desde este lunes el juicio de la pieza separada 18 del ‘caso Mercurio’ contra cuatro acusados de delitos relacionados con la legalización de una obra privada en la calle de Fernando Poo de Sabadell entre 2010 y 2012.
Para los inculpados, entre los que figura el tío del exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, Melquiades Garrido, las acusaciones –que ejercen la Fiscalía, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció y el Ayuntamiento de Sabadell– solicitan penas de hasta 5 años de prisión.
Según el escrito de la Fiscalía consultado por Europa Press, los acusados presuntamente se aprovecharon de sus contactos en el Ayuntamiento de Sabadell para legalizar una obra privada que no cumplía con el planeamiento urbanístico, pues sobre ella pesaba un expediente desfavorable por haber excedido la altura máxima de la cubierta.
LA DEFENSA PIDE LA NULIDAD DE LAS ESCUCHAS
El juicio, que se alargará hasta el viernes, ha comenzado con las cuestiones previas y la defensa ha solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas, según ha podido saber Europa Press de fuentes judiciales.
El tío del exalcalde de Sabadell, Melquiades Garrido, ocupaba el cargo de presidente del Gremio de Constructores de Sabadell y Vallès y fue el constructor que se encargó de esta obra.
Para él la Fiscalía solicita 2 años de prisión por un presunto delito de tráfico de influencias y multa de 40.000 euros y 2 años más por falsedad documental (que la acusación popular eleva hasta los 3 años) e inhabilitación especial.
El segundo de los acusados es el exdirector del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, para el que la Fiscalía pide 2 años de prisión y multa de 40.000 euros por tráfico de influencias y 2 años más por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa.
Para él la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación, mientras que la acusación popular pide 19 y la acusación particular pide 13 años.
La tercera es la exjefa de Disciplina urbanística del Ayuntamiento de Sabadell, para quien el ministerio público solicita 2 años de prisión por el delito de falsedad documental -que la acusación popular eleva hasta los 3 años- e inhabilitación durante el tiempo que dure la condena.
El último de los procesados es un arquitecto para el que el Ministerio Fiscal pide 2 años de prisión por falsedad documental oficial –que la acusación popular eleva hasta los 3– así como inhabilitación durante el tiempo que dure la condena.
En el juicio, que durará hasta el viernes, está previsto que declaren el martes y miércoles, peritos y testigos –entre ellos exconcejales del PSC y funcionarios del ayuntamiento– y el jueves está previsto que lo hagan los acusados.
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