MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Apenas un 32% de las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes tienen implantadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) -que supone restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos motorizados para combatir la contaminación-, cuando todas ellas estaban obligadas a establecerlas ya en 2023.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 2021, obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes y las islas a poner en marcha zonas de bajas emisiones antes de 2023, lo que afecta a 155 localidades.
Sin embargo, solo 49 de esas ciudades las tienen implantadas, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a los que tuvo acceso Servimedia.
Quince de ellas están en Cataluña (Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Cornellà del Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mollet del Vallès, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Terrassa y Viladecans).
Andalucía cuenta con otras nueve (Almería, Córdoba, Estepona, Fuengirola, La Línea de la Concepción, Linares, Málaga, Sevilla y Torremolinos) y la Comunidad de Madrid, con ocho (Alcobendas, Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Las Rozas de Madrid, Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos).
El resto se reparten entre Castilla y León (Ávila, Ponferrada, Segovia y Valladolid), Comunidad Valenciana (Benidorm y Elche), Galicia (A Coruña y Pontevedra), País Vasco (Bilbao y San Sebastián), Murcia (Cartagena y Molina de Segura), Aragón (Zaragoza), Asturias (Siero), Baleares (Palma), Castilla-La Mancha (Guadalajara) y Navarra (Pamplona).
En cambio, aún no han iniciado los trámites ocho municipios (Arganda del Rey, Arona, El Puerto de Santa María, Ferrol, Orihuela, Sanlúcar de Barrameda, Telde y Valdemoro), que suponen un 5% de los municipios obligados, además de todas las islas de Baleares y Canarias.
Otras 98 localidades (el 63% del total de más de 50.000 residentes) se encuentran en fase de aprobación.
AYUDAS
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética no incluye ningún régimen sancionador para las ciudades y las islas incumplidoras, pero desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con su titular a la cabeza, Óscar Puente, han advertido en varias ocasiones que esos municipios podrían perder las ayudas al transporte público.
Incluso Transportes llegó a enviar una carta en septiembre de 2023 avisando a esas ciudades de que dejarían de recibir fondos europeos vinculados al fomento del transporte público.
Fuentes del departamento dirigido por Puente indicaron este lunes a Servimedia que actualmente no hay ninguna decisión tomada al respecto, si bien apuntaron que alguna medida de ese tipo podría incluirse en la Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
“SIN EXCUSAS”
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen llamó la semana pasada a “acelerar” y “sin excusas” la implantación de las ZBE en las ciudades de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares.
“Es importante acelerar todas las medidas que tengan que ver con las zonas de bajas emisiones. Yo creo que es una responsabilidad que debemos acometer y que se deben acometer desde las distintas administraciones responsables. Desde aquí, una llamada a esa acción urgente de las zonas de bajas emisiones”, apuntó.
Además, Aagesen subrayó que existe una guía con “unas directrices muy claras” sobre cómo aplicar esas zonas de bajas emisiones. “Ya no valen las excusas. Trabajemos para ello, trabajemos para la salud de nuestras personas, especialmente las más vulnerables”, apostilló.
Aagesen comentó que la calidad del aire no solo está relacionada con el medio ambiente, sino también con la salud de las personas. “Hablamos de la salud de todos y cada uno de los que vivimos en estos entornos urbanos, especialmente la salud de los que son más vulnerables a esa contaminación atmosférica”, añadió.
POSIBLES SANCIONES
Después de realizar esas declaraciones en un acto público en la sede de su departamento, Aagesen recibió a los líderes de las cinco principales organizaciones ecologistas de España (Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF), que la entregaron un documento con 75 propuestas para los próximos meses, entre ellas estudiar posibles sanciones a las ciudades obligadas a contar con zonas de bajas emisiones y aún carecen de ellas.
El documento recibido por Aagesen incluye 14 temas prioritarios, organizados en tres bloques y con un total de 75 propuestas concretas para avanzar en la transición ecológica de manera “efectiva y justa”.
Las prioridades se concentran en tres ejes: conservar la naturaleza para proteger la vida; luchar, protegerse y adaptarse frente a la emergencia climática, y salvaguardar el territorio y asegurar una vida sana y una economía circular.
Respecto a este último, hay un tema dedicado a “garantizar el derecho a un aire limpio”, dentro del cual una propuesta es “fiscalizar la implantación efectiva de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades, estudiar el desarrollo de sanciones ante su falta de aplicación y desarrollar planes de acción a corto plazo frente a episodios de mala calidad del aire”.
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