MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
La asociación Dignidad y Justicia acusó este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar “un golpe de Estado” al promover “una reforma constitucional encubierta” con la proposición de ley de reforma judicial presentada por el PSOE.
“El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dando un golpe de estado y encaminando al país hacia una tiranía. Tras tener controlado el poder ejecutivo, el legislativo y el Tribunal Constitucional, pretende ahora culminar su control de todo el sistema judicial por la puerta de atrás con el objetivo de poner fin a las causas que hay abiertas contra su entorno”, denunció en un comunicado.
Con esta proposición, alertó, Sánchez pretende “eliminar la figura de la acusación popular con el fin de que solo sea la Fiscalía la que tenga el poder para impulsar procedimientos. Sin la acusación popular, sin embargo, ni el ‘caso Faisán’, ni muchas investigaciones contra el entorno de ETA, ni las causas contra los jefes de la banda, ni la mitad de la lucha contra el terrorismo estarían hoy vivas en los tribunales o con sentencia condenatoria”.
“Estamos ante la mayor instrumentalización de la fiscalía de la historia de la democracia. El presidente del Gobierno ya controla políticamente el ministerio público y ahora pretende darle un poder absoluto a través de un proyecto de ley que es completamente inconstitucional”, sentenció.
Por ello, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, denunció que Sánchez “va a por nosotros” y pretende “evitar que las víctimas impulsen procedimientos penales”. “Va contra el artículo 125 de la Constitución Española”, añadió. “Se carga las acusaciones populares y deja a las víctimas sin capacidad de acción, pues no nos permite participar en los procedimientos más allá del enaltecimiento, que el propio Gobierno pretende despenalizar, como ya han anunciado sus socios en el Ejecutivo”.
“Además, el proyecto hace algo perverso: prohíbe actuar como acusación popular a las asociaciones que tengan ‘vinculación’ con algún partido político, un concepto jurídico indeterminado, pues quedará a la interpretación de los jueces el alcance de la palabra vinculación”, agregó Portero, quien criticó también que “la disposición transitoria del proyecto permitirá aplicar esta ley a los procedimientos en tramitación y, por lo tanto, a aquellos que afectan al propio Gobierno”.
Por último, después de que los servicios jurídicos de Dignidad y Justicia hayan hecho un análisis exhaustivo de la redacción propuesta, Portero afirmó que el texto “es jurídicamente un despropósito por dos motivos”. “Uno, pretende extender a las causas penales una directiva europea que aplica únicamente para procedimientos civiles; y dos, su redacción es incoherente: plantea modificaciones que luego ni siquiera el propio texto hace, como la supresión de la referencia a las faltas, la restricción de los supuestos para que varias asociaciones se personen baja una misma representación o la exclusión de la acusación popular a pesar de que el terrorismo es un bien jurídico protegido”.
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