PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha detectado en los últimos meses un aumento de personas a las que compañías de luz y gas, de telefonía o entidades financieras están poniendo demandas por “supuestas deudas pendientes” relativas “a supuestas facturas o cuotas que el consumidor no ha pagado”.
Según explica, la mayor parte de estas demandas son monitorios, un proceso por el que el consumidor tiene veinte días hábiles para oponerse a la reclamación de deuda. “Si no lo hace ni paga la cantidad reclamada en este tiempo, el juzgado entenderá que la deuda es firme y puede abrir un proceso de ejecución forzosa para que sea abonada”, advierte en una nota de prensa.
Si, por el contrario, el consumidor se opone a la demanda en los veinte días estipulados, el juzgado trasladará esta oposición a la empresa demandante y dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación por el juicio que corresponda, verbal u ordinario.
“Una vez que el consumidor ha presentado escrito de oposición, algunas compañías renuncian a ir a juicio y la reclamación se queda ahí. Si, por el contrario, quieren seguir adelante, el consumidor podrá acudir sin abogado ni procurador siempre que la cantidad reclamada no supere los dos mil euros”, indica Irache.
En cuanto a los motivos de las supuestas deudas, en algunos casos se trata de personas a las que les subieron los precios al renovarse el contrato; “cuando se dieron cuenta, no quisieron pagar el recibo porque decían que no les habían informado adecuadamente y prefirieron cambiarse a otra compañía”.
En otros casos, la supuesta deuda viene de un cambio de empresa en el que la compañía “abandonada” les liquidó todo lo que quedaba por pagar de un servicio vinculado, ya fuese de mantenimiento, urgencias o protección de pagos.
Otras veces, una empresa dio de alta al cliente “sin cumplir los requisitos de información y consentimiento. Cuando se dio cuenta, el consumidor volvió a su compañía anterior, pero la otra le exige ahora, años después, el pago por el tiempo que le estuvo suministrando la luz o el gas, un servicio que no fue ofrecido con todas las garantías legales”.
También hay consumidores que no pagaron porque consideraban que los recibos “no respondían al consumo real de gas que estaban haciendo en la vivienda y, tras reclamar varias veces sin que le diesen solución, optaron por irse a otra empresa sin pagar las cantidades que superaban el consumo real”.
Se están viendo igualmente monitorios por financiaciones de todo tipo, desde compras a domicilio a eventos familiares, por la contratación de tarjetas de crédito o ‘revolving’ o por la concesión de créditos rápidos, que “generan una gran deuda al consumidor”.
MEDIDAS DE “PRESIÓN”
Irache ha criticado el uso de medidas de “presión” para intentar cobrar estas supuestas deudas. “Generalmente, primero tratan de hacerlo a través de reclamaciones por escrito, si bien cada vez hacen más uso de mensajes al teléfono móvil del consumidor”, explica.
En otros casos, apunta, “amenazan al consumidor con incluirle en un fichero de morosos” o las empresas “optan por ceder sus deudas a otras entidades especializadas en cobros”. Asimismo, ha censurado que, en ocasiones, “el número de llamadas o el tono agresivo de algunos empleados ejerce una inaceptable presión sobre los consumidores”. También se han detectado casos de “falsa demanda” en la que la empresa “envía una carta al consumidor en la que se le dice que han interpuesto una demanda y que el consumidor solo puede evitar una multa mayor si paga en unos pocos días la supuesta deuda”.
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