MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Constitucional (TC) reduce por segundo año consecutivo el número de asuntos pendientes de resolver, en aplicación del ‘Plan de choque’ puesto en marcha por su presidente, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, según destaca el balance del segundo año de su presidencia facilitado por el Tribunal de garantías.
Durante el año 2024, el TC registró el ingreso de 9.796 recursos de amparo. Se admitieron a trámite 153 recursos de amparo, se inadmitieron un total de 8.849 y continúan su tramitación en las diferentes fases procesales otros 2.946. Además, el Constitucional dictó 157 sentencias tanto en Pleno como en Salas; 157 autos y 9.144 providencias. Como asuntos gubernativos, el balance destaca la aprobación del Plan de igualdad del Tribunal Constitucional y la creación de la Comisión calificadora de documentos del Tribunal.
El presidente del TC desarrolló durante su segundo año de mandato una intensa labor internacional como su participación en la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Constitucionales del G-20 en Río de Janeiro, Brasil; en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en Quito, Ecuador; y la participación en el Foro de Magistrados organizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
Estos últimos actos se celebraron en conmemoración de la gran ampliación de la UE en 2004, bajo el título ‘La Corte celebra los 20 años de la adhesión de 10 Estados a la Unión Europea: Un nuevo momento constitucional’. Asimismo, ejerció como anfitrión en la Reunión en Madrid de las jurisdicciones constitucionales de España, Francia, Italia y Portugal, bajo el título ‘Los tribunales constitucionales, actores del constitucionalismo europeo’.
En total, el Constitucional celebró durante el pasado año 21 plenos jurisdiccionales, 13 de la Sala Primera, 16 de la Sala Segunda y cuatro plenos gubernativos.
Entres las 157 sentencias aprobadas destacan por alta relevancia y repercusión jurídico-política, social y económica la que anuló la condena a prisión del exparlamentario de Podemos Alberto Rodríguez o el recuso de Arnaldo Otegi que anuló la repetición del juicio Betaraguna en el que el líder abertzale fue condenado, aunque mantuvo la condena.
También se resolvieron recursos de una trabajadora embarazada que fue despedida y no cobró los salarios de tramitación y el de una profesora universitaria que sufrió abusos sexuales continuados de quien era Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.
Se desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Litoral de Galicia, al igual que ocurrió con el presentado contra la Ley de Vivienda. También se resolvieron los amparos a los condenados por el caso ERE y se desestimó el recurso contra la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. De igual modo se desestimó el recurso contra la modificación del Código Penal que castigaba el acoso a las mujeres que acuden a alguna clínica para interrumpir el embarazo.
También fueron desestimados los recursos conta la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación y el presentado por el diputado del PP Alberto Casero que pretendía anular el voto telemático que permitió la convalidación parlamentaria de la reforma laboral. Igualmente resultó desestimado el recurso contra la reforma del Poder Judicial y el presentado por Vox contra la norma que reconocía personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor.
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