VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia) ha aprobado su primera ordenanza municipal abolicionista de la prostitución y la explotación sexual, en la que se prevén penas de hasta 3.000 euros para quienes soliciten servicios sexuales cerca de colegios, parques o lugares sin escasa visibilidad.
La ordenanza, impulsada por el gobierno del PSPV ha contado con el apoyo de PP, Compromís, EU-Podem y la abstención de Vox, informa el consistorio.
Esta ordenanza está incluida en el primer plan abolicionista de Riba-roja, aprobado el pasado noviembre con el objetivo de abolir la prostitución en el término municipal, así como otras formas de explotación sexual y proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional. La ordenanza pretende garantizar la convivencia en el espacio público, de manera que toda la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos.
Partiendo de la defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución y la explotación sexual, por lo que considera víctimas a todas las mujeres en situación de prostitución, sanciona la demanda como causa principal de la existencia de la prostitución y propone medidas que van más allá del ámbito sancionador, al incorporar un enfoque integral e inclusivo que garantice la defensa y protección de las mujeres prostituidas.
Se clasifican infracciones de carácter leve, que conllevarán una sanción de entre 500 y 750 euros, como colocar, repartir, divulgar y/o difundir publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo y/o mercado de la prostitución, así como el turismo sexual, cuando se utilice el espacio público o los elementos que lo integran y que constituyen el ámbito objeto de aplicación de esta ordenanza.
Además, la normativa considera que serán responsables de la realización de esta conducta quienes la ejecuten materialmente, así como quienes consten como anunciantes en el medio, formato o soporte de que se trate en cada caso concreto.
Las infracciones graves se sustancian en las personas que soliciten, negocien o acepten directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos. También se incluye a quienes pidan servicios para disfrute propio o para un tercero de la realización de cualquier actividad de carácter sexual a cambio de un pago en dinero o en especie, o en cualquier otra contraprestación.
Se considera igualmente infracción grave realizar cualquier actividad de carácter sexual en el espacio público a cambio de una retribución, colaborar con los demandantes de servicios sexuales o favorecer o promover el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual. Las sanciones oscilan entre 750,01 y 1.500 euros.
Por último, las infracciones muy graves son las equivalentes a las graves cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de 200 metros de distancia de centros docentes o educativos u otros lugares con afluencia de público infantil, lugares situados a menos de 200 metros de espacios destinados a la celebración de cualquier acto público de tipo cultural, festivo o deportivo, además de los puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a vías de circulación de vehículos o puntos que dificulten la huida. Estas infracciones serán castigadas entre 1.500,01 y 3.000 euros.
TAMBIÉN A MENORES DE EDAD
La ordenanza prevé su aplicación a menores de edad, entre 14 y 18 años, que hayan infringido algunas de las infracciones tipificadas, si bien en este caso se podrán sustituir las sanciones económicas por actividades de servicio público con interés social y valor educativo, con el fin que comprenda la gravedad de su conducta y la reconduzca en un futuro.
Las medidas se tomarán en función de la gravedad de los hechos cometidos. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en la que se cometa la infracción.
La graduación de las sanciones dependerá de la trascendencia social de la infracción, la intensidad de la perturbación hacia otras personas, la existencia de reiteración, la situación de la persona infractora respecto de la víctima y el beneficio obtenida por parte de quien haya cometido la infracción.
“Es un paso muy importante en la defensa y la protección de las mujeres que son víctimas de la explotación sexual, con un plan abolicionista pionero en España y que incluso ha merecido ya el reconocimiento de algunas instituciones públicas. De esta forma nos situamos en un lugar destacado en la defensa de los derechos humanos”, manifiesta la concejala de Igualdad, Raquel Pamblanco.
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