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La Audiencia nombra ponente para la sentencia del juicio al ex portavoz de Vox Francisco Serrano

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SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha designado a la magistrada Margarita Barros, como ponente de la sentencia que habrá de dictar con relación al juicio aún por celebrar contra el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del partido en Andalucía, Francisco Serrano, otrora candidato del partido a la Presidencia de la región; por un presunto delito de estafa y subsidiariamente un delito de fraude de subvenciones y otro delito más de fraude de ayudas, respecto a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros.

En una diligencia de ordenación emitida el pasado 22 de noviembre y recogida por Europa Press, la Sección Cuarta de la Audiencia da cuenta de que por parte del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, encargado de investigar el caso, ha recibido las actuaciones, consistentes en 9.220 “folios útiles” divididos en 20 tomos, ante lo cual designa como ponente a la magistrada Margarita Barros; quedando “pendiente del examen de prueba y señalamiento del juicio oral”.

En marzo de 2024, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla acordaba abrir juicio oral contra Francisco Serrano imponiéndole una fianza de más de 3,3 millones de euros “para asegurar las responsabilidades pecuniarias” que pudieran recaer sobre él, con el apercibimiento de que de no prestarla, “se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma”.

Así figura en un auto emitido el pasado 18 de marzo de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 16, en el que el titular de dicha instancia, Juan Gutiérrez Casillas, abría juicio además contra quienes fueran socios de Serrano Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, el primero como presunto coautor de los hechos junto a Serrano y el segundo como supuesto cooperador necesario, reclamándoles las mismas cuantías en concepto de fianza.

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El auto de continuación de las actuaciones por el procedimiento abreviado detalla que en 2016, Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros “se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla”, que era el objeto de los fondos solicitados.

DECLARACIÓN “NO AJUSTADA A LA VERDAD”

El auto del caso, derivado de la denuncia inicial ante la UDEF del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, precisa que conscientes de “la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia” para captar sus préstamos, Serrano a través de su sociedad Serrano Abogados y Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una “maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad”.

Según el auto, el Ministerio de Industria les concedió un préstamo por importe de 2.489.000 euros “con el compromiso de que de Biowood Niebla invierta, además, 1.027.125 euros, pesando “la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de la empresa”, tras “aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida”.

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Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las “disposiciones” del dinero “para fines no comprendidos” en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a “un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos” estatales recibidos.

DINERO DEL PRÉSTAMO PARA “PAGAR DEUDAS DE LAS EMPRESAS”

Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, “se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gomez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario”.

Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la “constitución de un fondo de inversión”, mientras además “se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowwod “avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus”.

El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito “se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50 por ciento, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados”.

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MAS PAGOS “CON CARGO A REINDUS”

El juez instructor Juan Gutiérrez Casillas señala igualmente “una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Francisco Serrano “que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus”.

“Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción”, resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

“En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros”, remata el juez instructor, que aprecia “indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa”, atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.


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