MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía en una pieza separada del ‘caso ERE’, en concreto por la concesión de ayudas irregulares a la empresa Surcolor. Los jueces consideran que estos exresponsables públicos tuvieron una actuación “superlativamente ilegal”.
La resolución ha sido dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que impone tres años y medio de prisión al ex delegado de Empleo Antonio Rivas y tres años al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera.
Al mismo tiempo, en esta sentencia recogida por Servimedia, se absuelve a otros tres ex altos cargos de la Junta -el exconsejero Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director general Juan Márquez-, al considerar que ya fueron juzgados por estos hechos.
El tribunal condena a Rivera como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad documental y malversación, con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, imponiéndole además multa de 452 euros y 24 meses de inhabilitación especial.
Los magistrados imponen a Rivas tres años y medio de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de prevaricación en concurso con malversación, con la atenuante de dilaciones indebidas, absolviéndolo del delito de tráfico de influencias.
DETERIORO DE LA “CONFIANZA PÚBLICA”
La Audiencia destaca “la gravedad de los hechos” y “el daño causado”, que implica “un deterioro profundo de la confianza pública en la probidad de las instituciones y en la misma realidad del Estado de derecho”.
Los condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta con 984.921,23 euros por la cantidad malversada. El tribunal también condena a otros nueve acusados a penas de entre uno y tres años y dos meses de cárcel.
La sentencia considera probado que en marzo de 2005 el administrador de Surcolor presentó un ERE para extinguir 45 puestos de trabajo, que fue archivado por defectos formales no subsanados tras la venta de la empresa.
Los magistrados califican la actuación administrativa como “superlativamente ilegal” y señalan que todo se subordinó “al pertinaz propósito de favorecer a Surcolor, con daño al presupuesto y recursos públicos”.
El tribunal concluye que Rivas tuvo una “participación determinante” en las ayudas y “conocía perfectamente lo que se urdía con la póliza”, atribuyéndole la decisión de no tramitar un ERE y la inclusión de dos ‘intrusos’ en la póliza.
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