SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
A raíz de la destitución de María Antonia González como interventora general de la Junta y su supuesta vinculación a la causa judicial por contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha reiterado que la Administración andaluza mantiene el “máximo respeto y colaboración” con la justicia de cara al asunto que denunció el PSOE-A ante los tribunales.
Asimismo, este jueves en declaraciones a los medios, Hernández ha hecho hincapié en que “son motivos personales y hay que respetarlo”. De este modo, ha asegurado que el Ejecutivo regional muestra “su máxima colaboración y transparencia” en el caso.
Por último, ha insistido en que desde el SAS –y la Consejería en general– están “trabajando intensamente para mejorar la calidad de la asistencia a los andaluces”, y que es ahí donde “están centrados”.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer miércoles el nombramiento de Miguel Ángel Figueroa Teva como nuevo interventor general de la Junta, cargo dependiente orgánicamente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, en sustitución de María Antonia González.
Desde partidos como Izquierda Unida o Adelante Andalucía se ha vinculado ese relevo con el hecho de que González estuviera al frente de la Intervención General cuando ésta “alertó en informes sobre posible fraude” en los contratos de emergencia del SAS, un asunto que el PSOE-A ha denunciado en los tribunales.
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