MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) se ha comprometido este jueves a frenar en los tribunales la cesión a los Mossos d’Esquadra de sus competencias en puertos y aeropuertos de Cataluña.
En un comunicado remitido a Europa Press, JUCIL explica que se ha reunido con el general jefe de la zona de Cataluña, Pedro Antonio Pizarro, “para exigir la defensa de las competencias de la Guardia Civil en materia de aeropuertos, puertos y también de medio ambiente”.
La asociación recela del acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Generalitat de Cataluña en la última junta de seguridad, así como del anuncio realizado en diciembre por el presidente catalán, Salvador Illa, de que este año 2025 iba a solicitar que los Mossos asumieran competencias de seguridad ciudadana en aeropuertos y puertos.
“El Ministerio del Interior y la Generalitat se mantienen opacos respecto al posible traspaso de competencias a los Mossos y la pérdida de control de estos activos estratégicos, pese a las continuas solicitudes de información de la asociación”, ha señalado JUCIL.
SUPONE LA DESAPARICIÓN EN CATALUÑA
El anuncio de Illa provocó la reacción de diferentes organizaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al sospechar, como sostiene JUCIL, que puede suponer “un nuevo intento de desmantelar el papel fundamental que ejerce la Guardia Civil en Cataluña y debilitar la presencia del cuerpo en áreas estratégicas para la seguridad nacional”.
“Hemos transmitido al general nuestro rotundo rechazo a esta pérdida de competencias, que supondría la práctica desaparición de la Guardia Civil de Cataluña y un mal precedente para el resto de comunidades”, ha asegura Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL. “Creemos, además, que los Mossos no tienen capacidad policial para asumir estas competencias”, ha añadido.
De esta forma, ha anunciado que llevará a los tribunales cualquier cesión a la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad ciudadana dentro del perímetro interior de este tipo de activos estratégicos para el Estado, cuya competencia recae en la Guardia Civil como indica la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el Real Decreto 400/2012 de Estructura del Ministerio del Interior.
Según JUCIL, el resguardo fiscal corresponde “en exclusiva” a la Guardia Civil y, por ende, la seguridad dentro de la zona afectada tras los controles de acceso a las instalaciones portuarias y aeroportuarias.
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