MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
Las cinco principales organizaciones ecologistas de España (Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) entregaron este jueves a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un documento con 75 propuestas para los próximos meses, entre ellas estudiar posibles sanciones a las ciudades obligadas a contar con zonas de bajas emisiones y aún carecen de ellas.
Líderes de esas organizaciones se reunieron con Aagesen en la sede del departamento dirigido por esta, en Madrid, para trasladar a la vicepresidenta sus preocupaciones sobre “las crisis ecológica y social”.
El documento recibido por Aagesen incluye 14 temas prioritarios, organizados en tres bloques y con un total de 75 propuestas concretas para avanzar en la transición ecológica de manera “efectiva y justa”.
Las prioridades se concentran en tres ejes: conservar la naturaleza para proteger la vida; luchar, protegerse y adaptarse frente a la emergencia climática, y salvaguardar el territorio y asegurar una vida sana y una economía circular.
Respecto a este último, hay un tema dedicado a “garantizar el derecho a un aire limpio”, dentro del cual una propuesta es “fiscalizar la implantación efectiva de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades, estudiar el desarrollo de sanciones ante su falta de aplicación y desarrollar planes de acción a corto plazo frente a episodios de mala calidad del aire”.
MUNICIPIOS
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 2021, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y las islas a establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023, lo que afecta a 155 localidades. Ello implica restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos motorizados para combatir la contaminación.
Sin embargo, solo 34 de esas ciudades las tienen implantadas, según datos de Transición Ecológica a los que tuvo acceso Servimedia. Muchas de ellas están en Cataluña (Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Cornellà del Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallès, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí y Terrassa).
El resto se reparten entre Andalucía (Almería, Córdoba, Estepona, La Línea de la Concepción, Linares, Málaga y Sevilla), Aragón (Zaragoza), Asturias (Siero), Castilla-La Mancha (Guadalajara), Castilla y León (Ponferrada), Comunidad de Madrid (Fuenlabrada, Madrid y Rivas-Vaciamadrid), Comunidad Valenciana (Elche), Galicia (A Coruña y Pontevedra), Navarra (Pamplona), País Vasco (Bilbao y San Sebastián) y Murcia (Cartagena).
En cambio, aún no han iniciado los trámites ocho municipios (Arganda del Rey, Arona, El Puerto de Santa María, Ferrol, Orihuela, Sanlúcar de Barrameda, Telde y Valdemoro), además de todas las islas de Baleares y Canarias. Otras 113 localidades se encuentran en fase de aprobación.
“SIN EXCUSAS”
Antes de reunirse con los líderes ecologistas, Aagesen presentó en la sede de su departamento el informe ‘Perfil ambiental de España 2023’, donde llamó a “acelerar” y “sin excusas” la implantación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares.
“Es importante acelerar todas las medidas que tengan que ver con las zonas de bajas emisiones. Yo creo que es una responsabilidad que debemos acometer y que se deben acometer desde las distintas administraciones responsables. Desde aquí, una llamada a esa acción urgente de las zonas de bajas emisiones”, apuntó Aagesen.
Además, Aagesen subrayó que existe una guía con “unas directrices muy claras” sobre cómo aplicar esas zonas de bajas emisiones. “Ya no valen las excusas. Trabajemos para ello, trabajemos para la salud de nuestras personas, especialmente las más vulnerables”, apostilló.
Aagesen comentó que la calidad del aire no solo está relacionada con el medio ambiente, sino también con la salud de las personas. “Hablamos de la salud de todos y cada uno de los que vivimos en estos entornos urbanos, especialmente la salud de los que son más vulnerables a esa contaminación atmosférica”, añadió.
MÁS MEDIDAS
Por otro lado, el documento de las organizaciones ecologistas incluye otras propuestas. En materia de agua, proponen “paralizar los proyectos de embalses y trasvases, incluyendo el cierre progresivo del trasvase Tajo-Segura”, así como el “cierre cautelar” de las extracciones “ilegales” de agua en las demarcaciones hidrográficas para acabar con esta situación en 2027.
Sobre biodiversidad, abogan por identificar los incentivos perjudiciales para la biodiversidad y eliminar al menos el 50% de ellos en los Presupuestos Generales del Estado para 2026, además de invertir al menos 1.000 millones de euros para restaurar ecosistemas degradados y mantener al lobo como especie protegida y no cinegética en toda España.
Ampliar la superficie marina protegida hasta alcanzar un 30% para 2030 e invertir 1.000 millones de euros al año para gestionar al menos un 1% de la superficie forestal y combatir los incendios forestales son otras propuestas.
En relación a los combustibles fósiles, apuestan por un calendario de reducción progresiva con fechas finales para su uso (gas en 2035 y petróleo en 2040) y elaborar en 2025 un inventario público de subvenciones a esas actividades con un calendario de revisión y “reducción justa” hasta su eliminación.
Más impuestos verdes, “no dar marcha atrás” en el calendario de cierre nuclear, impulsar las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo y planificar territorialmente el desarrollo de energías renovables también figuran en el documento.
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