MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, espera que el acuerdo para la financiación singular de Cataluña pactado con ERC no juegue en su contra entre los militantes socialistas y el electorado andaluz. Además, confía en aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2025 en los próximos meses, antes de dedicarse de lleno al PSOE andaluz si finalmente es elegida.
Según indican fuentes socialistas próximas a la dirigente socialista, la decisión de postularse a secretaria general del PSOE andaluz fue de la propia Montero, que se encuentra muy contenta e ilusionada y considera que es el paso que debía dar en este momento. “Es lo que toca” apuntan, debido a la importancia de Andalucía, también para el conjunto de España.
Montero considera además que el todavía líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas –que en la víspera confirmó su renuncia a continuar en el cargo– es “un caballero”, según indican las citadas fuentes, que señalan además que esta decisión se ha llevado a cabo de forma coordinada con él.
Prueba de ello es que Espadas acompañará a Montero este miércoles por la tarde en la presentación de su candidatura que llevará a cabo en Sevilla. Aunque todavía no está definido qué papel jugará en la nueva etapa, el exalcalde de Sevilla, que tiene escaño de senador, “seguirá”.
Como ‘número dos’ del Gobierno de Sánchez y ministra de Hacienda, Montero ha jugado un papel decisivo en la política de financiación autonómica y también en el acuerdo firmado entre PSC y ERC para una financiación singular para Cataluña que desbloqueó la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Para los independentistas de ERC, el acuerdo supone un “cupo catalán”, pero Montero está convencida de que este pacto no colisiona con Andalucía porque si fuese así, indican las fuentes consultadas, no hubiera dado el visto bueno.
Si finalmente es elegida nueva líder del PSOE andaluz, seguirá defendiendo que las comunidades autónomas que lo así lo decidan asuman parcelas de autogobierno. El límite, según apuntan, será que esté garantizada la igualdad de servicios públicos en todas las comunidades autónomas.
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