SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el convenio firmado entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para impulsar la mediación en conflictos laborales judicializados de la mano de estos profesionales especialistas en este ámbito del Derecho.
El Gobierno andaluz ha remarcado que se trata de “una experiencia pionera para llevar esta vía alternativa de resolución de conflictos” a la Jurisdicción Social, a la que describe como “una de las más sobrecargadas”.
La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Mediación que desarrolla la Consejería de Justicia, por la que, en mayo de 2024, creó el Servicio de Mediación Penal en Andalucía (SEMPA), público y gratuito, y desde su puesta en marcha ya ha evitado más de medio millar de juicios, según una nota del Gobierno andaluz.
La Junta ha destacado que Andalucía es la primera comunidad en la que la mediación se incluye en el sistema de Justicia Gratuita de forma que, desde hace un año, las personas con derecho a un abogado de oficio pueden solicitarlo para estos procesos y los profesionales que logren llegar a acuerdos perciben una compensación económica por su labor de hasta 400 euros.
El convenio busca establecer un marco jurídico de cooperación con estos profesionales especializados en Derecho Laboral para promover la mediación en conflictos derivados por los juzgados de lo Social.
El Consejo Andaluz coordinará a los Colegios de Graduados Sociales provinciales para crear una bolsa de colegiados ejercientes voluntarios para actuar como mediadores cualificados por derivación judicial.
En cada colegio provincial se creará una Comisión de Mediación, encargada de nombrar a los profesionales que formarán parte de la bolsa y de hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas. Se pone en marcha un sistema de mediadores cualificados en materia social que actuarán de forma gratuita.
Por su parte, la Junta de Andalucía difundirá esta opción tanto entre la ciudadanía como entre los operadores jurídicos a través de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), ubicados en las principales sedes judiciales.
Los juzgados de lo Social derivarán los asuntos que consideren mediables a través de los PIMA, que realizarán la primera sesión informativa a las partes implicadas y, si aceptan intentar un acuerdo, las remitirán a los mediadores de las bolsas gestionadas por los Colegios de graduados sociales.
El Gobierno andaluz ha defendido la mediación como “una alternativa eficaz, rápida y satisfactoria de la controversia” al argumentar que se basa en el diálogo y el acuerdo entre las partes, además de ahorrar costes económicos y reducir los plazos con la pretensión de “aliviar la sobrecarga de los juzgados”.
La Junta de Andalucía ha considerado que en el ámbito social resulta una fórmula especialmente interesante para los conflictos laborales al argumentar que, en la mayoría de los casos, la relación entre las partes va a continuar en el tiempo y es necesario tener “un clima de trabajo adecuado atendiendo a las necesidades, derechos y obligaciones tanto de la parte trabajadora como de la empresarial”.
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