MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado dictó este martes un auto en el que requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a dos números de abonados de telefonía móvil vinculados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El juez da este paso después de que la propia UCO hallase “cero mensajes” en el terminal de García Ortiz en las fechas clave de la presunta filtración de los datos fiscales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y acreditase que el fiscal general reemplazó su teléfono móvil una semana tras ser imputado por el Tribunal Supremo.
El instructor de la causa contra el fiscal general solicita ahora a dos operadoras telefónicas, Movistar y Vodafone, que faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo de 2024, semana en la que se habría producido dicha filtración.
Además, requiere que se detalle los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor de los números de teléfono que participaron en estas comunicaciones.
Por último, el juez quiere conocer que tanto Movistar y Vodafone revelen a qué dispositivos móviles se conectaron las dos líneas móviles del fiscal general del Estado entre el 20 de febrero y el 23 de octubre del año pasado. Esta última fecha fue en la que García Ortiz cambió de móvil, según el último informe de la UCO.
MANTIENE LAS FECHAS
En otro auto, el juez rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es una de las acusaciones populares en la causa, contra la decisión del magistrado de acotar la investigación a las fechas que abarcan del 8 al 14 de marzo de 2024.
La APIF pedía ampliar la investigación hasta el 20 de febrero, pero Hurtado considera que es “improcedente” porque entre el 8 y el 14 de marzo es “el momento en que tiene lugar la presumible divulgación, la cual no se puede entender sino como el desenlace final de una serie de acontecimientos coordinados y encaminados a ella, que, por razones obvias, tuvieron que tener lugar con anterioridad a la propia” filtración.
Con este mismo argumento, el juez expresa también su rechazo a la petición de la defensa de los investigados, que pide acotar la investigación entre las 22.00 horas del martes 13 de marzo y las 10.20 del miércoles 14 de marzo, por ser el tiempo en que los correos entre el fiscal del caso y el letrado de la pareja de Ayuso estuvieron a disposición del fiscal general del Estado antes de procederse a la divulgación de la nota aclaratoria del Ministerio Fiscal.
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