SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el texto de la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que remitirá en los próximos días al Parlamento regional para someterlo al debate de las distintas fuerzas políticas.
Así lo ha explicado la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que el documento es fruto de un “intenso proceso” de escucha y diálogo con todos los agentes implicados.
“Desde que comenzó la tramitación de la norma –dijo–, hace más de un año, hemos celebrado numerosas reuniones y encuentros con el sector, Cabildos insulares, Ayuntamientos, asociaciones, juristas y expertos de distintos ámbitos para conocer sus propuestas y buscar el máximo consenso posible”.
Además, recalcó que el texto viene avalado por el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que ha validado los principios esenciales de la ley y su estructura central.
“Esta determina que no podrán implantarse nuevas viviendas vacacionales hasta que el planeamiento urbanístico lo habilite expresamente, al menos durante los próximos cinco años. Es decir, hasta que los plenos de los 88 ayuntamientos de Canarias decidan democráticamente dónde y cuántas viviendas vacacionales puede haber, atendiendo a criterios de sostenibilidad”, apuntó De León.
En su dictamen, el órgano consultivo también destaca que la ley prioriza los derechos de los residentes y su calidad de vida. En este sentido, valora que el texto impida destinar viviendas de nueva construcción a alquiler vacacional durante los diez años siguientes a su creación, garantizando de este modo su permanencia en el mercado residencial.
También apoya que se limite la duración de las declaraciones responsables a cinco años -con posibilidad de renovación-, y realiza algunas observaciones menores que han sido incorporadas al texto que el Gobierno remitirá al Parlamento.
Se trata del primer proyecto de ley que el Ejecutivo autonómico registra en esta legislatura ante la Mesa del Parlamento de Canarias para someterlo a debate de las distintas fuerzas políticas, que podrán presentar sus propuestas para enriquecer el texto.
“Se espera que inicie su andadura en la Cámara regional en cuanto se reanude el período de sesiones, a finales del mes de enero, donde los plazos serán más cortos al haberse declarado el trámite de urgencia”, explicó la consejera.
OTRAS CLAVES DE LA FUTURA LEY
Durante su intervención, Jéssica de León explicó que la futura ley busca proteger el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna a precios asequibles, por lo que impide, entre otras medidas, implantar edificios completos dedicados al alquiler vacacional en parcelas de uso residencial.
Con ese mismo objetivo, prohíbe que las viviendas de protección oficial puedan comercializarse con un uso turístico, al entender que deben concebirse siempre como recurso alojativo para las familias más vulnerables.
En lo que respecta al inicio de la actividad, el nuevo marco legislativo mantiene la declaración responsable, pero frente a la situación actual, esta deberá ir acompañada de documentación técnica y complementaria que garantice las condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad, actividades clasificadas sectoriales y turísticas.
Al respecto, De León aclaró que la ley no innova en materia de actividades clasificadas, que ya contempla el actual decreto 113/2015, ni asigna nuevas competencias a las corporaciones municipales o insulares.
Por otro lado, el proyecto de ley incorpora la posibilidad de que los pequeños propietarios que explotan actualmente sus viviendas de forma legal puedan seguir ejerciendo su actividad de manera indefinida cuando entre en vigor la norma, aunque no será transmisible.
En el caso de los explotadores no propietarios, podrán continuar su actividad por un período inicial de cinco años, prorrogable hasta otros cinco o veinte años.
“Aquí es importante remarcar que las viviendas vacacionales que son legales hoy y cumplen con lo establecido en el actual decreto 113/2015, seguirán siendo legales con la nueva ley, y podrán continuar su actividad”, concluyó la consejera.
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