MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha planteado la puesta en marcha de un plan nacional de adaptación de las infraestructuras hidráulicas al cambio climático que esté financiado por un fondo específico que se nutriría con ingresos recurrentes provenientes del establecimiento o subida de un canon de aguas y de un recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los inmuebles situados en zonas inundables.
En concreto, el texto se titula ‘Riesgos climáticos e inversiones en infraestructuras hidráulicas: reflexiones y propuestas tras la dana de Valencia’ y ha sido elaborado por el experto Diego Rodríguez. Con él, la fundación ha incidido en que es muy importante “tomar consciencia” de la “creciente amenaza” que supone el incremento de los eventos climáticos extremos por el cambio climático y por tanto diseñar e implementar una estrategia “proactiva” de adaptación al calentamiento global.
A lo largo de la investigación, Rodríguez apunta a que el plan nacional de adaptación de las infraestructuras hidráulicas al cambio climático debería extenderse más allá del ámbito de la gestión de los riesgos de inundación para financiar todo tipo de actuaciones hidráulicas que ayuden a mitigar los riesgos relacionados con el cambio climático.
En este sentido, sugiere darle un fuerte impulso inicial con una generosa dotación inicial con cargo a los préstamos de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y revisar con urgencia la normativa para agilizar los procedimientos de evaluación ambiental y autorización de las infraestructuras necesarias para que las inversiones prioritarias se puedan acometer en plazos razonables.
El autor ha examinado la experiencia reciente de España en materia de gestión de riesgos de inundación a partir del caso concreto de estudio de la cuenca del Júcar. En este marco, el autor ha valorado “muy positivamente” los análisis que se realizan por parte de las demarcaciones hidrográficas para la evaluación preliminar de riesgos de inundación y ha destacado cómo en una demarcación como la del Júcar se observa una “muy notable asimetría” en la distribución de riesgos entre tramos de cuenca.
En opinión del experto, esa evaluación sistemática de riesgos ofrece un punto de partida “muy sólido” sobre el que se ha construido un detallado plan de gestión del riesgo de inundación. Del conjunto de medidas que propone el plan, el autor se centra en las dirigidas a reducir la peligrosidad en las zonas inundables.
Según explica, estas pueden ofrecer soluciones basadas en la naturaleza “en muchos casos”. Sin embargo, a su juicio, “no siempre son suficientes”. Las limitaciones físicas y la propia gravedad de los escenarios de cambio climático hacen “imprescindible en muchas ocasiones” acudir a soluciones estructurales basadas en intervenciones mediante infraestructuras.
A ese respecto, Rodríguez refleja “serias dudas” sobre la ejecución real de las intervenciones de carácter estructural planteadas en la demarcación del Júcar, si bien éstas cuentan con “un detallado análisis coste-beneficio, como exige la propia normativa”. A partir del análisis de seguimiento del plan, observa “una considerable lentitud” ante la ejecución de las inversiones que el propio proceso de planificación identifica como necesarias.
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