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La junta está trabajando en una normativa innovadora para proteger del mal olor proveniente de las factorías, asegura Suárez-Quiñones

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Pide “tranquilidad” y remarca que las medidas correctoras frente a los olores en la zona sur de Valladolid “van dando sus frutos”

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que la Junta trabaja en una normativa “muy novedosa” que se publicitará “en su momento” y que tiene por objetivo proteger a los ciudadanos de los malos olores de “determinadas instalaciones” de la Comunidad.

“A medida que avanza la tecnología también lo hace la normativa”, ha señalado el titular de Medio Ambiente en una entrevista concedida a Europa Press, en la que explicado que los olores son uno de los elementos que “más molesta y preocupa” a los ciudadanos, si bien ha precisado que aunque “no es una cuestión fácil de medir cada vez hay mayores tecnologías para objetivar el olor”.

De esta forma se ha expresado el consejero en relación con el malestar social que existe en ciudades como Valladolid ante los malos olores que producen ciertas factorías, una circunstancia que ha llevado a los vecinos de la zona sur de la capital del Pisuerga a volver a denunciar la situación que sufren como consecuencia de los malos olores y a no descartar movilizarse de nuevo para exigir una solución a esta situación.

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De hecho, Suárez-Quiñones ha recordado que, en lo que respecta a la fábrica de Findus situada en el polígono de Argales, se han realizado unas actuaciones “muy importantes” al revisarse de oficio la autorización ambiental e imponer nuevas medidas correctoras frente a los olores que “van dando sus frutos”, ya que las molestias han “bajado mucho”.

Asimismo, ha explicado que existe un canal de comunicación directo de la empresa con las asociaciones de vecinos y la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid. “Con todo ello trataremos de evitar que los vecinos del Polígono de Argales que sufran esos olores tengan que seguir haciéndolo”, ha incidido.

“TRANQUILIDAD Y CONFIANZA”

Frente a esta situación, el consejero de Medio Ambiente ha trasladado un mensaje de “tranquilidad” a la población, a la que ha pedido “confiar” en el trabajo que realizan las administraciones públicas a través de procedimientos “totalmente transparentes” que el Gobierno autonómico pone a disposición de los ciudadanos de forma digital.

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En lo que respecta a la cuestión de las llamadas ‘macrogranjas’, que ha generado movilizaciones en varios puntos de la Comunidad como la que tuvo lugar a inicios de diciembre en Páramo de Corcos (Burgos), también ha pedido “confiar” en las administraciones públicas, que están para “proteger los bienes e intereses de la ciudadanía”.

“No trabajamos para dañar a los ciudadanos, sino para evitar que se les dañe”, ha incidido Suárez-Quiñones, quien ha resaltado que para cumplir con esta misión están las normas, los técnicos y biólogos e ingenieros que intervienen en todos los procedimientos de revisión medioambiental de estas instalaciones.

Antes de dar aprobar una autorización ambiental o a una declaración de impacto ambiental favorable para una planta de cualquier tipo, sea de ganado o biogás, ha defendido, tiene que pasar por esos requisitos exigentes de normativa europea, nacional y autonómica.

Precisamente, ha apuntado que es esta normativa la que pretende evitar perjuicios en la población y mantener la actividad económica, “porque tiene que haber empleo, ganado y producción de energía y gas”.

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“Tiene que haber todo eso y tiene que haberlo con garantías”, ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, al tiempo que ha precisado que eso se hace a través de un procedimiento que se basa en el respeto a las normas jurídicas y a los informes técnicos que elabora el personal público “absolutamente fiable e independiente de la Junta”.

Porque esas autorizaciones “no las da el consejero sin más”, ha ironizado Suárez-Quiñones, quien ha defendido el procedimiento administrativo por el que se tiene que pasar y que cuenta con “todas las garantías”. “Yo no recuerdo haber firmado nunca una orden dando un ‘okey’ a una planta que no tenga todos los informes técnicos favorables y respete de las normas”, ha concluido.


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