El Instituto Coordenadas considera un “despropósito” motivado por “la deriva confiscatoria y populista” del Gobierno la conversión en permanente del impuesto a las energéticas, decisión que sostiene que, si se confirma, supondrá “un golpe para el bolsillo de todos los españoles”.
El análisis “político-económico especial” del Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada para evaluar las políticas gubernamentales, las dinámicas políticas y el entorno institucional que influye en la economía española indica que en julio de 2022 “se supo que el Gobierno quería gravar con un impuesto temporal los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas, así como otro a las grandes entidades financieras, justificado entonces por el esfuerzo financiero para respaldar la economía en la pandemia”.
Apunta que la excusa para acometer la medida era que “los beneficios les llegaban a las empresas caídos del cielo, ignorando por completo las altas inversiones que deben acometer las compañías energéticas, así como el grado de apalancamiento que deben gestionar y la complicada gestión de riesgos, además de una presión regulatoria insólita”.
Para el Instituto Coordenada, “la medida es ciertamente cuestionable” porque asegura que “impone tributos de la noche a la mañana sin otra base legal que el populismo, violentando los principios constitucionales y hacendísticos e incrementando en gran medida la inseguridad jurídica, con la inevitable erosión de la entrada de capitales en la economía” y añade que el Gobierno “critica unos ‘beneficios caídos del cielo’ por una operativa totalmente ordinaria y pasajera. Al igual que las energéticas se vieron presuntamente favorecidas por el incremento de los precios del gas y la electricidad a raíz de la guerra de Ucrania, y los bancos por las subidas de tipos de interés, no se dijo nada cuando el precio de la electricidad, del gas o del crudo han caído con fuerza, de la misma manera que se guardó silencio los seis años que la banca ha tenido que soportar tipos de interés negativos”.
Además, dice que esta decisión penalizaría la facturación, “un nuevo concepto tributario, no los beneficios (siendo esto algo ya más que discutible), por lo que se castiga la operativa ordinaria, de una manera que repercute en la actividad de las empresas, en la estabilidad de los puestos de trabajo y en los legítimos resultados que esperan de una buena gestión millones de accionistas”. Y añade que, “evidentemente, detrae rentas de la economía, con un castigo que resta inversiones y acaba repercutiendo de una u otra forma en los clientes”.
Asimismo, critica a los grupos de la oposición “que se hacen llamar conservadores matizando que hay que gravar sobre beneficios, no facturación, como gran diferencia y que no hacen llamamientos a su supresión”, entre ellos al PNV, del que dice que “está apoyando la iniciativa porque lo ha concertado con el Ejecutivo al que apoya, a pesar de que la medida tendrá un efecto demoledor en dos de los grandes contribuyentes vascos: Petronor (Repsol) e Iberdrola”.
Sin embargo, indica que “hay ciertas expectativas con la opción catalana”, en referencia a Junts, la formación que lidera el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, porque dice el análisis del Instituto Coordenadas que “está históricamente en contra de este tipo de medidas (no olvidemos que, aunque nacionalista, se trata de un partido de naturaleza liberal conservador). Ya ha logrado dar marcha atrás a la reforma de la normativa de alquileres en el Congreso y se sabe que tampoco es partidaria de perjudicar a los fondos de inversión, como se ha dejado caer de manera inequívoca desde la vicepresidencia del Ejecutivo. Pero también deberá manejar la eterna componenda política: vetar decisiones del socio de Gobierno parece hacer el juego a la oposición y pesan más esas variables que el bien común”.
Señala en Instituto Coordenadas que “el Gobierno demuestra con la voluntad nunca disimulada de hacer permanente el impuesto a las energéticas que le importa muy poco en realidad la transición ecológica y la competitividad de España. Son conceptos que desprecia, pese a una dialéctica utilizada con ellos en repetidas ocasiones, claramente sin contenidos ni proyecto. Pareciese haber más un componente de eventual venganza a las compañías. Sólo hay que recordar la hostilidad mostrada con el cambio de sede de Ferrovial. En este caso, Repsol, entidad que ha avisado en repetidas ocasiones que no implementará inversiones en España, o las hará en otras partes, si continúa el hostigamiento. La cortedad de miras políticas es enorme”.
Además, añade que “este impuesto energético ataca a la línea de flotación del centro petroquímico de Tarragona. En la provincia catalana, Repsol tiene dos grandes inversiones de futuro planteadas: la Ecoplanta (800 millones de euros de inversión) y el mayor electrolizador de España en Cartagena, para producir hidrógeno renovable (150 MW de capacidad y más de 300 millones de euros de inversión). Con el impuesto no se llevarían a cabo y no habría transición energética posible en Cataluña, una región que tiene unos enormes déficits de inversión en la materia. Si nos preguntamos cuanto pesa en la facturación del sector energético la transición a la descarbonización, podríamos llegar a la conclusión que penaliza”.
Ante estas conclusiones asegura que Junts “deberá hacer un ejercicio de responsabilidad y ver hasta dónde llegan los acuerdos políticos y el destino de la población catalana. Sin energía, no hay futuro” y agrega que Endesa y Naturgy “alertan que el gravamen les cuesta alrededor de 300 millones de euros a cada una, lo que genera incertidumbre sobre futuros proyectos. Iberdrola, por su parte, ha calculado un impacto de unos 200 millones de euros, lo que ha llevado a la empresa a revisar sus planes en España.
Según Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, “las empresas soportan impuestos sobre sus beneficios y costes sociales de sus empleados. Además de otras cargas indirectas, regulatorias y de transformación a la descarbonización. Penalizarlas con impuestos literalmente caídos del cielo por su facturación ordinaria no sólo es algo confiscatorio y arbitrario, es absolutamente lesivo para la economía, por cuanto ahuyenta el capital y, por tanto, las inversiones, que tanto necesita nuestro país, cuya prioridad debería de ser rebajar la factura energética”.
Y concluye diciendo que “lo que necesita España es un modelo energético que garantice la energía barata, el suministro y una transición adecuada que sólo se logrará con inversión. Para ello, hay que facilitar la actividad a los grandes operadores, que son los que generan riqueza y los únicos capaces de desarrollar este modelo eficazmente. Imponerle impuestos a la facturación es lastrar el futuro de la economía y, por tanto, de la sociedad española”.
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