GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
La viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana Corredera, ha inaugurado en Granada la primera jornada sobre menores víctimas de delito en el entorno digital, dirigidas a profesionales que trabajan con este sector de la población.
En su intervención, ha abordado algunas de las medidas en las que trabaja el Gobierno andaluz para la protección del menor como víctima del delito, como el Plan de Humanización de la Justicia o la Ley Andalucía Digital, cuyo inicio de tramitación aprobó este pasado martes el Consejo de Gobierno, y que prevé la creación de un ciberescudo para proteger a los menores en el entorno digital.
Para Corredera, que ha estado acompañada por el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, y el responsable territorial de la Consejería de Justicia, Luis Recuerda, el incremento vertiginoso de los nuevos delitos tecnológicos resulta “preocupante y es necesario arbitrar instrumentos para proteger a las víctimas, especialmente a las más vulnerables como son los menores”.
El acoso sexual a través de las redes, la difusión de bulos e imágenes que atentan contra su intimidad y su integridad moral o la pornografía son amenazas a las que están expuestos y ante las que son necesarias herramientas como los filtros para “detectar amenazas y bloquear contenidos peligrosos”, la plataforma de buenas prácticas y la ciberescuela para padres previstas en la futura ley en la que ya trabaja la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.
No obstante, cuando el delito ya se produce el menor requiere de una atención especializada e integral, ya que son víctimas vulnerables. En este sentido, ha puesto en valor la labor que de los profesionales del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), “que ha cumplido ya 25 años y que ofrece una asistencia integral a las víctimas de todo tipo de delitos, con especial atención a las más vulnerables, como son los menores”.
El año pasado, 2.246 menores pasaron por el SAVA y en el primer semestre del año ya han sido atendidos 1.242, la mayoría niñas, según ha detallado la Junta en una nota de prensa al hilo de la inauguración de estas jornadas sobre menores víctimas de delito en el entorno digital.
Por ello, el Plan de Humanización de la Justicia puesto en marcha por la Junta apuesta por ampliar servicios como el SAVA, con equipos itinerantes para acercar la atención a todos los puntos de Andalucía. También por evitar la doble victimización de los menores en los procesos judiciales, facilitando la toma de declaraciones y la práctica de pruebas preconstituidas en espacios amigables como las Salas Gesell, que desde 2019 se han triplicado.
Durante su intervención, la viceconsejera ha señalado que internet y las redes sociales forman parte del entorno en el que se mueven los menores y los expone también a cometer delitos como el ‘ciberbullying’. Precisamente, este lunes, la Consejería ha presentado en Almería una herramienta diseñada por los menores infractores del centro de internamiento de menores El Molino que recrea un Tribunal Virtual para formar a los alumnos de ESO y Ballicherato sobre los delitos que pueden cometer cuando acosan a un compañero o divulgan en redes bulos e imágenes y las consecuencias que conlleva.
Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha asegurado que “cada uno de los menores víctimas merece nuestra atención, apoyo y protección, la vulnerabilidad de los menores en el entorno digital requiere una respuesta coordinada y efectiva de todas las entidades e instituciones involucradas”.
Asimismo, ha incidido en que “es esencial que los profesionales que trabajan con estas víctimas estén capacitados para abordar sus necesidades específicas, brindando un enfoque sensible y adaptado a su edad, con empatía, escucha activa y la creación de un espacio seguro que son pilares fundamentales en este proceso”.
El encuentro, organizado por la entidad Avide que gestiona los SAVA de la Consejería en Granada y Jaén, estaba dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito de la protección y asistencia a menores víctimas de violencia y abuso como jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales, asesores jurídicos o educadores.
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