Este año se han distribuido más de 20 millones de euros
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los criterios de distribución del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas para el año 2025.
Este Fondo se crea a partir de los bienes incautados en operativos contra el narcotráfico y otros delitos relacionados, una vez que la sentencia es firme, que pueden ser desde dinero en efectivo hasta propiedades, vehículos, etc. El dinero obtenido con la venta de estos bienes se destina a diferentes programas para combatir el problema de las drogas desde distintos frentes.
La gestión del Fondo recae en la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, un órgano interministerial compuesto por representantes de los Ministerios de Sanidad, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Hacienda, Interior y la Abogacía del Estado.
El Fondo se utiliza para financiar una amplia gama de programas, como los Gastos de administración, que cubren los costes de gestión del propio Fondo; la lucha contra el narcotráfico, que financia programas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Departamento de Aduanas de la AEAT y otros beneficiarios, para mejorar la investigación, la detección de drogas, la formación de personal, etc.
Además, financia la partida de prevención y asistencia, que apoya programas de prevención de drogodependencias, asistencia a drogodependientes e inserción social, incluyendo: a) Programas de sensibilización y prevención en la comunidad. b) Proyectos de intervención con menores, personas con problemas judiciales o de salud mental, y otros grupos de riesgo. c) Formación de profesionales. d) Investigación en drogodependencias. e) Programas con perspectiva de género y diversidad sexual. f) Sistemas de información y alerta temprana.
Finalmente, la partida de Cooperación internacional financia programas de cooperación para la lucha contra el tráfico de drogas, la prevención y asistencia a drogodependientes, el intercambio de información y la formación. Asimismo, se pueden financiar otros programas de interés que no estén incluidos en las categorías anteriores, especialmente aquellos alineados con la Estrategia Nacional sobre Adicciones.
Así, de los 20 millones distribuidos en 2024, 11 millones se destinan a la reducción de la demanda, de los que 6,150 se destinan a las comunidades autónomas; 4,2 millones a las corporaciones locales; 450.000 euros a la FEMP y 200.000, a proyectos internacionales.
Por lo que se refiere al control de la oferta, los 7,6 millones restantes se distribuyen entre el Ministerio del Interior (5,6 millones), la AEAT (1,6 millones), la Fiscalía Especial Antidroga (110.250 euros), el Instituto Nacional de Toxicología (128.037 euros) y la Secretría de Estado de Política Territorial (140.753 euros).
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