SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha vuelto a reunirse de nuevo con los representantes del Consejo Andaluz de Estudiantes (CAE) para continuar avanzando en la futura Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA). En esta ocasión, el encuentro se ha producido para analizar las aportaciones realizadas por este colectivo al anteproyecto, que permanecerá aún en exposición pública hasta el próximo 18 de octubre.
Hasta el momento, y según ha informado la Consejería en una nota, el alumnado universitario ha presentado un total de 25 alegaciones procedentes de las instituciones académicas de Cádiz, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, que pueden verse incrementadas en estos días hasta el final del plazo. Gómez Villamandos se ha mostrado favorable a incorporar algunas de las propuestas planteadas.
Esta futura normativa tendrá como principales objetivos proteger el sistema público universitario, potenciar la internacionalización o estabilizar la carrera académica, destaca este departamento, que señala que la Ley pretende, de igual modo, favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, mejorar la gobernanza e impulsar una mayor transparencia de las instituciones académicas.
El consejero ha puesto de manifiesto también que otro de los ejes nucleares que sustenta el nuevo marco legislativo es precisamente el incremento y la consolidación de los derechos del estudiantado, con la incorporación de una serie de medidas que profundizan en esa dirección.
En ese contexto, ha subrayado que el documento reconoce, por primera vez, que los alumnos tendrán derecho por ley a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas universitarias, lo que, a su juicio, “refuerza el compromiso de Andalucía con el acceso igualitario a la educación superior”. Un compromiso que, según ha trasladado a CAE, también es extensible al ámbito de las instituciones académicas privadas, asegurando que, “en los nuevos proyectos que se promuevan en la comunidad, se impondrá la obligación de reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio”.
Otra de las novedades introducidas que “tiene una incidencia directa sobre el estudiantado”, subraya la Consejería, hace referencia al “blindaje legal” que se hace de la movilidad internacional de los universitarios andaluces, a través de programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Administración autonómica.
Además, Gómez Villamandos se ha referido a la obligación de disponer del B2 en la acreditación de un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario, una condición que será exigible a partir de octubre de 2029. “Esta medida se ha adoptado con la finalidad de mejorar la empleabilidad de los universitarios. Se trata de una iniciativa que ya tienen en marcha otras comunidades y Andalucía no puede quedarse atrás”, ha afirmado, para añadir que “su implantación será progresiva y contará con el apoyo financiero de la Administración autonómica, que ya ofrece ayudas para acreditar idiomas de nivel B1 o superior en una lengua extranjera”.
EN EXPOSICIÓN PÚBLICA HASTA EL 18 DE OCTUBRE
Los agentes implicados y la ciudadanía en general podrán realizar, hasta el próximo 18 de octubre, alegaciones al anteproyecto, que serán posteriormente analizadas para incorporar aquellas que se consideren pertinentes. Una vez que concluya este trámite, el departamento de Gómez Villamandos solicitará los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) o del Consejo Consultivo para su visto bueno como proyecto de ley y su traslado posterior al Parlamento andaluz, donde será sometido a debate para su aprobación. La previsión de la Consejería es que la LUPA pueda entrar en vigor en 2025, sustituyendo al actual marco legal que data de 2013.
Para la elaboración del anteproyecto, según explica Universidad, este departamento ha contado con la colaboración de los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales y, tras la autorización dada el pasado 24 de septiembre por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación, Gómez Villamandos ha querido retomar nuevamente la ronda de reuniones para continuar avanzando en el diseño de la futura norma.
El primero de estos encuentros se ha celebrado con los rectores de las universidades públicas y ahora le sigue esta sesión de trabajo con estudiantes. Posteriormente, se sumarán otras reuniones con representantes de la comunidad universitaria. “Nuestra voluntad es que la LUPA sea una ley que perdure y mire al futuro y que se fundamente en un diálogo y consenso permanente”, ha matizado, para apuntar que “el trabajo continuará hasta que inicie su tramitación parlamentaria”.
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