MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Ministerio de Interior por no facilitar información relativa a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) requerida por el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), como ha dado a conocer la ONG.
El Minsterio dispone de un mes para facilitar a la entidad demandante la información sobre la cifra de quejas registradas en cada CIE según hayan sido presentadas por los internos, familiares u otros agentes, así como los centros de internamiento que tienen cubierto el puesto de jefe de servicio de sanidad. Así lo recoge la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM del 7 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El SJM solicitó, a través del portal de transparencia, la información pública relativa a CIE correspondiente a 2022 a principios del año siguiente, en enero de 2023. En el mes de mayo, de manera “extemporánea”, según la entidad, la Dirección General de Policía hizo llegar las cifras solicitadas, aunque “omitió” parte de los datos. En aquel momento, SJM ya había iniciado acciones legales argumentando que el Gobierno estaba incumpliendo el artículo 20.1 de la Ley de Transparencia que regula un derecho establecido en el artículo 105.b de la Constitución Española.
La ONG ha recordado que el acceso a la información pública sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros es “clave” a la hora de poder construir los informes anuales en los que SJM “contribuye a visibilizar la realidad de vulneración de derechos que existe en estos espacios, tal y como se incluía en las publicaciones de 2022 y 2023”.
Para la entidad, las cifras oficiales son “una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda conocer cuáles son los recursos destinados, qué perfiles de personas se encuentran privadas de libertad y cómo se construye la política migratoria del Gobierno en su vertiente más represiva con los derechos y más opaca en cuanto a su gestión”.
El SJM insiste en la necesidad de cerrar los CIE y “encontrar alternativas más humanas, previstas en el ordenamiento jurídico, para la respuesta ante la irregularidad administrativa de las personas extranjeras en el Estado español”.
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