MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Grupo Socialista en el Senado ha dirigido un escrito al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, para que revierta la decisión que tomó en el Pleno de dar por vetada la reforma legal que beneficiaría a presos de ETA y la publique directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a la vez que denuncia una “clara dejación de funciones” de la letrada mayor del Senado, Sara Sieira, que realizó un informe para avalar esta decisión.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas ponen el foco en la letrada mayor de la Cámara, que accedió a su puesto durante la Presidencia de Pedro Rollán, al hacer “una clara dejación de sus funciones de asesoramiento imparcial a todo el Senado en su conjunto, como cabe esperar del cumplimiento del Reglamento de la Cámara Alta y del Estatuto del Personal de las Cortes Generales”.
Y es que la letrada mayor elaboró un informe en el que señalaba que el rechazo del texto en el Senado por mayoría absoluta sin haberse presentado enmiendas equivale a la aprobación de un veto, algo que fue adoptado por el presidente de la Cámara Alta para tomar su decisión de dar por vetada esta reforma legal.
Del mismo modo, el PSOE se queja de que la secretaria general del Senado no diera “amparo alguno” a los grupos parlamentarios que no ostentan la mayoría absoluta en la Cámara Alta, denunciando una situación “de indefensión y arbitrariedad”.
SIN DIÁLOGO
Con todo, los socialistas critican que el presidente del Senado decidiera levantar “abruptamente” la sesión sin atender petición alguna “y a pesar del clamor y el desconcierto reinante en el hemiciclo por este proceder”.
En este contexto, el PSOE defiende que solicitó la palabra ante las declaraciones del presidente del Senado para pedir la “observancia debida” del Reglamento de la Cámara y de la Constitución Española.
Por todo ello, el PSOE requiere en su escrito al presidente del Senado que reconsidere su decisión, la revierta y adopte “cuantas actuaciones sean necesarias con el fin de proclamar la aprobación definitiva por las Cortes Generales” de la reforma legal sobre intercambio de información de antecedentes penales.
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