MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
Los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo no muestran debidamente cómo abordan los riesgos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de minerales para fabricar baterías.
Ello deja a las comunidades afectadas en peligro de explotación, riesgos para la salud y daños ambientales causados por la expansión de la minería necesaria para obtener los metales empleados en la fabricación de baterías.
Así se desprende de un nuevo estudio de Amnistía Internacional (AI), difundido este martes y que aplica criterios basados en normas internacionales para evaluar las políticas de diligencia debida en materia de derechos humanos y prácticas autodeclaradas de 13 grandes fabricantes de vehículos eléctricos.
El informe incluye una tabla de calificación que indica qué marcas de automóviles cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos y se resalta cuáles no muestran que están abordando los motivos de preocupación en este respecto.
La tabla, que puntúa sobre 90, evalúa el desempeño de las empresas en función de criterios como el compromiso con políticas de derechos humanos, el proceso de identificación de riesgos, el mapeo y los informes sobre la cadena de suministro, y las medidas de reparación.
Mercedes-Benz obtuvo la mejor puntuación (51), por delante de Tesla (49), Stellantis (42); BMW, Ford y VW Group (41); General Motors (32), Renault (27), Geely Auto y Nissan (22), Hyundai (21), Mitsubishi (13) y BYD (11).
Estas empresas tienen sus sedes centrales en Alemania (BMW, Mercedes-Benz, VW Group), China (BYD y Geely Auto), Corea del Sur (Hyundai), Francia (Renault), Estados Unidos (Ford, General Motors y Tesla), Japón (Mitsubishi y Nissan) y Países Bajos (Stellantis).
“ABUSOS”
En vista de que la demanda mundial de minerales para baterías va en aumento, AI pide a los fabricantes que identifiquen y mitiguen los riesgos para los derechos humanos que conllevan sus cadenas de suministro, como desalojos forzosos, daños para la salud derivados de la contaminación ambiental y abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en países donde se extraen tales minerales, como Filipinas y República Democrática del Congo.
“El gran auge de la demanda de metales para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos está ejerciendo una presión inmensa sobre las comunidades afectadas por su minería”, según Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Callamard anade: “Los abusos contra los derechos humanos ligados a la extracción de minerales para la transición energética son alarmantes y generalizados, y la respuesta de la industria brilla por su ausencia. Las comunidades sufren desalojos forzosos, problemas de salud causados por la contaminación y dificultades de acceso al agua. Ante el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, los fabricantes deben garantizar que se respetan los derechos humanos”.
Callamard subraya que, “aunque hubo algún avance, las calificaciones en general fueron una gran decepción”.
“BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos, y de crecimiento más rápido, obtuvo el último puesto en nuestra evaluación. Esto pone de manifiesto una grave falta de transparencia sobre su diligencia debida en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de baterías”, añade.
Callamard subraya que “otras empresas con baja puntuación, como Hyundai y Mitsubishi, no aportan información en profundidad sobre la implementación en todas las áreas clave de diligencia debida en materia de derechos humanos”.
“Estas empresas informan sobre compromisos que a menudo son imprecisos, y aportan escasas pruebas de medidas significativas adoptadas, lo que demuestra que aún les queda un largo camino que recorrer para cumplir las normas internacionales”, indica.
FALTA DE TRANSPARENCIA
Según Amnistía, empresas como Renault y General Motors, aunque han manifestado su compromiso con la diligencia debida en materia de derechos humanos y superan en puntuación a otras empresas, aportan “escasa evidencia” de que han incorporado plenamente estos compromisos a las operaciones de su cadena de suministro, con información limitada sobre sus evaluaciones de riesgos y la participación de grupos de interés, y falta de transparencia en lo referente a la cadena de suministro.
“La falta de transparencia en torno a las cadenas de suministro mostrada por estas empresas es un grave problema si se tiene en cuenta la probabilidad de que estén abasteciéndose de baterías fabricadas con minerales como el cobalto o el níquel, cuya minería se realiza en condiciones que pueden perjudicar los derechos humanos”, apostilla Callamard.
Amnistía Internacional destaca que la transición rápida de los vehículos impulsados por combustibles fósiles a los vehículos eléctricos tiene un coste oculto.
“La actividad de extracción de los minerales empleados en los vehículos eléctricos puede conllevar grandes riesgos para las personas y el medioambiente. Investigaciones anteriores de Amnistía Internacional han demostrado que el cobalto industrial está relacionado con los desalojos forzosos de la República Democrática del Congo”, resalta Callamard.
“MÁS ESFUERZOS”
En cuanto a revelar el mapeo de las cadenas de suministro, empresas como BYD, Geely Auto, Hyundai, General Motors y Mitsubishi Motors obtienen las calificaciones más bajas al no ofrecer información detallada sobre sus cadenas de suministro.
BYD no revela los nombres de fundiciones, refinerías y yacimientos mineros. Geely Auto solo facilita localizaciones generales de proveedores, sin especificar los yacimientos concretos de extracción de los minerales.
La misma falta de transparencia muestran Hyundai y Mitsubishi Motors, al no aportar pruebas de un mapeo completo de la cadena de suministro ni identificar los yacimientos de minería de cobalto, cobre, litio y níquel, lo que dificulta a las partes interesadas comprobar cómo afectan estas operaciones a las comunidades cercanas.
“Los rezagados deberán hacer más esfuerzos y darse más prisa para demostrar que los derechos humanos no son palabras huecas sino un asunto que se toman muy en serio. Es el momento de cambiar de marcha y asegurarse de que los vehículos eléctricos no dejan un legado de abusos contra los derechos humanos. La industria debe impulsar un futuro energético justo sin dejar a nadie atrás”, concluye Callamard.
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