SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
El fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha mantenido este lunes sus peticiones de pena de cuatro años de prisión por presunta malversación y diez años de inhabilitación especial por prevaricación al ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y dos años y medio de prisión por supuesta malversación y cuatro años de inhabilitación por prevaricación al exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, en el juicio que celebra contra ambos la Audiencia de Sevilla por la presunta contratación “arbitraria” del citado ex primer edil.
Así ha sucedido en esta nueva sesión que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra el exdirector de la Faffe, ya condenado a seis años de cárcel por delito continuado de malversación en concurso con falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía; y el mencionado ex primer edil socialista de Lebrija, después de que ambos hayan comparecido ante el tribunal y hayan prestado declaración.
Según el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, después de que Antonio Torres dejase la Alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003 tras 24 años en el poder, habría solicitado al entonces director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo su “colocación en la Faffe, a lo que Villén accedió promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad”.
Todo ello, pese a que Torres García “carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional” de directivo.
Así, y según el juez instructor, el exalcalde de Lebrija “fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)”.
La contratación, según el juez instructor, se produjo, “sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar”, es decir “de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad”.
UN PUESTO “AD HOC”
A ello se suma, según el juez instructor, que el organigrama de la Faffe “no contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera acceder” el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado “vino a crear uno ‘ad hoc’ que denominó Dirección de Relaciones Externas”, un departamento que “era en realidad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito”.
De hecho, el juez avisa de que el exalcalde “ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno, aunque se procuró tarjetas de visita o presentación”, de forma que “la escasa actividad realizada, limitada a puntuales contactos con algún político o autoridad”, la llevó a cabo “siempre” desde su domicilio”.
Como resultado, “el investigado Antonio Torres habría estado ocupando un puesto de trabajo de nivel superior, inexistente en la organización de la Faffe, sin un cometido concreto y, en definitiva, sin desempeñar una labor real, con la aceptación y beneplácito de Fernando Villén, lo que habría permitido a Torres García percibir 491.203 euros” hasta 2020, “sin que conste que trabajara realmente, disfrutando además de los beneficios de un alta ficticia en la Seguridad Social y a la postre integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo tras la extinción de la Faffe, sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política con Villén”.
UNO DE LOS DIRECTORES NO LE VIO ALLÍ
A lo largo del juicio, Juan Carlos Díaz Matías, quien fuese director de Estructuras Permanentes de la Faffe, investigado en la pieza principal de esta macrocausa, señalaba como testigo que durante sus varios años en la Faffe, él no vio a Antonio Torres García “físicamente” en las instalaciones de la Faffe.
No obstante, este exdirectivo manifestaba que sí trabó “en dos ocasiones” con el exalcalde por motivos relacionados con el papel de ambos en la Faffe, porque el mismo estaba promoviendo una actuación relacionada con el ámbito universitario con visos a captar fondos europeos para el proyecto.
La que fuera secretaria de Fernando Villén exponía de su lado que a ella no le consta que Torres García contase con despacho propio en las instalaciones de la Faffe y que visitaba las mismas “muy esporádicamente, de vez en cuando, un par de veces al mes”; si bien ella tenía la impresión de que Torres García era una persona incluida “en el ámbito” de la Faffe.
Al respecto, esta testigo exponía que Torres García “llevaba” la gestión de un programa que estaba promoviendo entonces la Faffe, para la inserción laboral de militares una vez los mismos abandonaban el servicio activo en las Fuerzas Armadas.
“¿QUIÉN ES ESE SEÑOR?”
Otra testigo, la que fuera directora del área de Desarrollo Territorial de la Faffe, aseguraba que ella sólo vio “una vez” al exalcalde de Lebrija en las instalaciones de la Faffe, ante lo cual, según decía textualmente, preguntó: “¿Quién es ese señor?”.
En un marco en el que según la investigación Fernando Villén habría creado la Dirección de Relaciones Externas dentro de la Faffe para asignar tal área presuntamente ficticia al exalcalde socialista de Lebrija, estos testigos coincidían en que dicho acusado no era convocado ni asistía a las sesiones del comité de dirección.
Fernando Villén ha admitido en su comparecencia como acusado que el exalcalde socialista de Lebrija no accedió a la plantilla de la Faffe por las “tres vías” con la que la entidad incorporaba a trabajadores, que eran el portal del empleado de la empresa, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o la publicidad de los puestos en los medios de comunicación; detallando a preguntas del fiscal que Antonio Torres fue incorporado “con contrato laboral de mando” o sea “rango directivo”, para “captar recursos exteriores”.
LA “TRAYECTORIA” DE TORRES GARCÍA
Al respecto, ha manifestado que en un marco en el que la Faffe necesitaba “buscar recursos” económicos “externos” a la propia Administración andaluza, Torres García presentó una “consolidada agenda de contactos” en las instituciones públicas y empresas, así como una “gran trayectoria” y conocimiento, que resultaba “bastante interesante” a la hora de captar fondos en el “maremágnum” que por aquel entonces constituían instrumentos de financiación como los fondos estructurales o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Según su tesis, Torres, por “el tipo de trabajo quedando con gente y consiguiendo recursos, no necesitaba una ubicación permanente” en la sede de la Faffe. “Teníamos reuniones en mi despacho con mucha frecuencia y él planteaba continuamente ideas”, ha defendido, asegurando que el exalcalde prestó un “servicio real”.
El exalcalde socialista, en su comparecencia, ha asegurado que para su labor “no necesitaba despacho” en la sede de la Faffe, a la que asistía “como mínimo cada 15 días” para “dar cuenta de su tarea”, que se tradujo según ha defendido en la captación de “dos millones de euros de recursos directos” para políticas de la entidad y la firma de decenas de convenios, –50 según ha dicho en una ocasión y 30 en otra–, si bien no fueron firmados por él porque por su cargo no le correspondía, según ha asegurado.
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