Propone también un plan para erradicar desahucios hipotecarios para que el piso pase al Estado y la familia abone un alquiler social
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
IU propone crear una empresa pública dedicada a la construcción de vivienda pública, movilizar vacía, actuaciones orientadas a limitar los pisos turísticos y desplegar 600.000 destinados a alquiler social en los próximos 12 años.
Además, plantea un programa de erradicación de desahucios hipotecarios de primera vivienda, por la cual el Estado se haría cargo del piso para introducirlo al parque público y la familia pasaría a abonar un alquiler social, en función de sus ingresos.
Estas iniciativas forman parte de la batería de propuestas “ambiciosas y transformadoras” para combatir el problema de acceso a la vivienda y que plantea de cara a los futuros Presupuestos Generales del año que viene.
Concretamente, la formación liderada por Antonio Maíllo ha defendido, tras la manifestación de ayer en Madrid en protesta por los altos precios de la vivienda, desplegar un parque de inmuebles públicos robusto, “combatir la especulación” y “proteger a las familias más vulnerables” frente a subidas de tipos hipotecarios.
De esta forma, IU demanda invertir el 2% del PIB hasta 2035 a elevar el volumen de vivienda pública, lo que supone una estrategia “sostenible” ante la actual crisis habitacional.
Por ejemplo, ha manifestado que su plan contra los desahucios tendría un coste sobre el 0,25% del PIB y permitiría incorporar un máximo de 20.000 viviendas anuales al parque público de vivienda.
VIVIENDAS PÚBLICAS MEDIANTE LA SAREB
A su vez, defiende un plan de construcción y rehabilitación de 600.000 viviendas públicas por parte de la Sareb para destinarlas a alquiler social, a razón de 50.000 unidades anuales, en el suelo urbanizable de su propiedad y el procedente de las administraciones públicas (terrenos ociosos del Ministerio de Defensa o de Adif).
Concretamente, cuantifica en un 0,40% del PIB anual el despliegue de este programa, lo que supone “20 veces más” que la partida presupuestaria dedicada a ello en 2022 y “100 veces más” que la de 2021.
También apuesta por reglamentar la adquisición de vivienda privada por parte del Estado mediante el uso del derecho de tanteo y retracto de la administración pública. Así, calcula que destinando un 0,35% del PIB en los próximos 12 años se podría adquirir 35.000 viviendas anuales para alquiler social, es decir, 420.000 viviendas en total.
Por otro lado, defiende la creación de un programa de protección de deudores hipotecarios, basado en una deducción de hasta 300 euros al mes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en forma de “impuesto negativo” (similar a la prestación por maternidad).
IU describe que esta medida podrían solicitarlas quienes tuvieran ingresos de su unidad familiar de hasta tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), es decir, 21.600 euros anuales y su cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos del hogar. De esta forma, cuantifica que podría beneficiar a un millón de familias.
A su vez, aboga por otro programa de protección de arrendatarios vulnerables que facilite el acceso al alquiler social en el mercado libre para determinados colectivos, como víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otros colectivos vulnerables mediante ayudas directas, tanto al alquiler como a los gastos de suministros y comunidad de hasta el 100% de la renta. En total, la medida repercutiría en 500.000 familias, según las estimaciones de la formación.
MEDIDAS PARA ACOTAR LOS PISOS TURÍSTICOS
A su vez, IU exige la eliminación inmediata de la ‘golden visa’ para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda y limitar el uso de vivienda al uso de residencia habitual en zonas de mercado tensionado.
Además, pide elevar al 21% el IVA para alquileres turísticos, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos en su articulo tercero para evitar la conversión de vivienda habitual en alquiler de temporada, como cumplir una serie de condiciones como que figure en un futuro registro estatal de viviendas turísticas.
Mientras, demanda transformar loa Entidad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelos, vinculada al SEPEs, en una empresa pública para construir vivienda, una medida que requeriría “voluntad política” y conseguiría abaratar el precio de la vivienda del parque público.
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