MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Vox defenderá este martes en el Congreso una iniciativa legislativa con la que propone derogar la ley de 2005 que regula la compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Se trata de una enmienda de totalidad que el partido ha presentado a un proyecto de ley del Gobierno, que tiene por objeto modificar el régimen de comercio de estos derechos y así transponer la directiva europea que adapta ese mercado a los objetivos de descarbonización pactados por la Comisión Europea para 2050.
En concreto, la modificación legislativa que quiere el Ejecutivo surge como consecuencia de la transposición de dos directivas de fecha de 10 de mayo de 2023, que forman parte del paquete de medidas ‘Fit for 55’ enmarcado en el Pacto Verde Europeo.
A juicio de Vox, este paquete legislativo establece un objetivo “más ambicioso, a la par que irreal”, orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en al menos un 55% para el año 2030, en comparación con los niveles de 1990.
IMPACTO NEGATIVO EN LA INDUSTRIA
Los de Santiago Abascal esgrimen que uno de los principales problemas de ese régimen de comercio es su impacto negativo en la competitividad de las empresas españolas, especialmente en sector industriales intensivos como la siderurgia, el cemento, la química o el papel.
Sobre todo porque la generación de energía renovable “no cubre la demanda eléctrica” que necesitan las empresas de estos sectores, al tiempo que, dice Vox, el aumento en los precios del dióxido de carbono (CO2) ha impuesto una carga financiera “insostenible” para la industria electrointensiva.
En concreto, el grupo dice que en 2018, el precio medio del derecho de emisión de CO2 se situaba en 15,88 euros por tonelada; en 2019 ascendió a 24,84 euros y en 2023 escaló hasta los 83,50 euros.
“Al encarecerse los derechos de emisión, también se incrementan los costes de producción, lo que se traduce en un aumento del precio final de los productos”, argumenta la formación, advirtiendo también que el creciente coste de los derechos de emisión supone una “desventaja” frente a empresas de países extracomunitarios como India o Bangladesh, donde las políticas climáticas son más laxas o inexistentes.
Por todo ello, Vox propone un texto alternativo al del Gobierno para pedir directamente que se derogue la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se deriven de ella o la complementen.
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