SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El grupo Por Andalucía defenderá el próximo jueves, 17 de octubre, una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Parlamento con la que propone que desde la Cámara se inste al Gobierno de la Junta a “impulsar con urgencia un plan de actuación dirigido a reforzar significativamente el sistema público de Formación Profesional en Andalucía, dotándolo de los medios personales e infraestructuras suficientes para que, al menos”, garantice una serie de objetivos.
El primero de dichos objetivos es “aumentar la oferta pública presencial, especialmente en aquellos ciclos formativos donde se concentra mayor nivel de demanda insatisfecha, con el objetivo de que en los próximos cuatro años se alcance el acceso universal de todos los andaluces a la plaza pública de Formación Profesional que deseen”, según se recoge en el texto de esta PNL, consultado por Europa Press.
De igual modo, Por Andalucía quiere instar a la Junta a “incrementar las plazas públicas de Formación Profesional a distancia a fin de posibilitar para el próximo curso 2025-2026 la plena accesibilidad a una plaza pública en esta modalidad de quien la demande”.
“Que el crecimiento de las plazas públicas que se deriven del plan garanticen el equilibrio territorial, la equidad en el acceso y la lucha contra la despoblación de zonas rurales” es otro de los objetivos de Por Andalucía expuesto en esta iniciativa que propone en ese sentido que desde la Junta se fije el “objetivo” de que “en todas las comarcas” andaluzas “se ubique un centro público de formación profesional y capacitación del ámbito tecnológico, que, además, contribuya a fortalecer la actividad económica de cooperativas, autónomos y pymes”.
Asimismo, desde Por Andalucía quieren que el plan de actuación que reclama a la Junta tenga como objetivo “la mejora del sistema de becas y la cuantía a percibir por el alumnado que cumpla los requisitos establecidos, garantizando la equidad social en el acceso a la formación profesional y la igualdad de oportunidades cubriendo los gastos de transporte, manutención y alojamiento de quien curse sus estudios de FP en localidades distintas a la que residan”.
También, que el plan “garantice la suficiencia y calidad tanto de las prácticas como de la formación profesional dual”, propone igualmente el grupo Por Andalucía, que sostiene que “toda la acción de fomento que en dicho sentido impulse la administración autonómica con el tejido empresarial y las plazas que se oferten desde ámbitos públicos deben priorizar la absorción del alumnado de los centros públicos sobre el privado”, así como plantea que se “debe adecuar las ratios de los grupos a garantizar estándares de calidad que permita su más eficaz formación”.
Por otro lado, Por Andalucía quiere que el Parlamento inste a la Junta a elaborar y hacer “público en formato digital, antes del término del curso 2024-2025, toda la información relativa a la oferta educativa actualizada de Formación Profesional pública y privada en Andalucía”, así como que “ofrezca datos georeferenciados, del número de plazas ofertadas en todos los ciclos y niveles formativos de cada titulación y centro, así como el número de alumnado matriculado y las solicitudes de plazas insatisfechas”.
De igual forma, Por Andalucía quiere emplazar a la Junta a impulsar “la creación de Consejos Económicos y Sociales a nivel territorial –grandes ciudades, comarcas y provincias– con la participación de agentes económicos y sociales, que tengan ente sus cometidos la evaluación de la situación de la formación profesional presente y la planificación estratégica de las necesidades futuras que la realidad socioeconómica de cada ámbito vaya demandando”.
Finalmente, la iniciativa de Por Andalucía, que viene firmada por su portavoz adjunta, Alejandra Durán, propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a “potenciar la inspección educativa y de sus recursos materiales y humanos con el objetivo de garantizar la calidad y exigencia educativa en los centros de Formación Profesional privada, favoreciendo la implementación de las funciones que se les atribuyen por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.
“DEFICIENCIAS” EN EL SISTEMA PÚBLICO ANDALUZ DE FP
En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa se subraya que, “en la última década, la opción por cursar estudios de Formación Profesional de la juventud andaluza, como del resto del estado, se ha incrementado de forma muy significativa”, si bien “las actuales políticas del Gobierno de la Junta no han estado dirigidas a satisfacer dicha demanda”, sino “a favorecer que dicha demanda quede insatisfecha y que las plazas de formación profesional destinadas a aquellas titulaciones más solicitadas sean impartidas por entidades privadas”, sostienen desde el grupo que integra a Podemos, IU y Más País, entre otras formaciones.
En esa línea, desde Por Andalucía sostienen que “las deficiencias que presenta el sistema público de Formación Profesional” son “conscientemente perpetradas desde el Gobierno de la Junta de Andalucía” del PP-A con el “único objetivo” de que “sean cubiertas por empresas privadas, fondos de inversión, que buscan ampliar sus negocios y sus beneficios económicos a través de la educación andaluza”, y “en las que no prima la calidad educativa, ni los méritos, ni el esfuerzo”.
La iniciativa esgrime “datos oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional” para advertir de que “la implantación de la FP privada en Andalucía es desorbitada en sectores clave” para los estudiantes andaluces “desde que el Partido Popular llegó al Gobierno de la Junta, absorbiendo toda la demanda insatisfecha por la falta de plazas públicas” en la FP.
“La realidad a la que nos enfrentamos es que hemos pasado de 48.311 estudiantes de FP privada en el curso 2019/2020 a 64.475 en el curso 2022/2023, es decir, un aumento de 16.164 estudiantes en solo cuatro cursos en Andalucía”, continúa la exposición de motivos, que pone de relieve además que, “en el mismo periodo de tiempo, hemos pasado de 268 centros privados que ofertaban Formación Profesional a 398, es decir, 130 más”.
Para el grupo Por Andalucía, es “incuestionable” así “el hecho de que la Formación Profesional pública está siendo directa y gravemente atacada”, y “es urgente revertir la actual situación que vive” dicho sistema, de forma que, “ante la amenaza real de la privatización de esta modalidad educativa, se necesita un aumento real de las plantillas de docentes”, así como “una mejora de los recursos económicos y materiales, especialmente en materia de infraestructuras”, y “una inspección educativa fuerte que sea capaz de garantizar la calidad educativa en todos los centros de Formación Profesional, pero especialmente en la FP privada”, al tiempo que “se necesita un aumento real de las plazas públicas de Formación Profesional, entre otras cuestiones”.
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