GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha señalado en el edificio judicial de Caleta desde este lunes el juicio en el que la Fiscalía ha pedido para trece acusados por pertenencia a organización criminal, contrabando y delito contra los derechos de los trabajadores penas que van desde los seis hasta los catorce años de prisión, en el marco de una causa en que se investiga cómo se organizaron en “la instalación, puesta en marcha y explotación de una fábrica ilegal de tabaco ubicada en la pedanía alhameña de Pilas de Algaida”, concretamente en Ventas de Zafarraya.
Todo ello después de que el pasado 15 de enero el juicio fuera suspendido tras no personarse varios acusados. La petición de las penas de catorce años de prisión son para un ciudadano español y otro ruso a los que la Fiscalía sitúa en la cúspide de una organización acusada de activar la fábrica, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press.
Los procesados son diez españoles, quienes, junto con el ciudadano ruso y otros dos de nacionalidades ucraniana y sudafricana, se habrían puesto de acuerdo en 2017 para desarrollar sus operaciones entre la Axarquía de Málaga y el Poniente de Granada a fin de “obtener beneficios económicos ilícitos” con la citada fábrica de tabaco de contrabando, dentro de una nave que habrían hecho pasar por agrícola junto a la carretera A-402.
Se les acusa por la presunta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal y de contrabando, y contra los derechos de los trabajadores. Los dos procesados considerados cabecillas de la banda se enfrentan también a una petición de la Fiscalía para que paguen multas de más de cuatro millones de euros. El resto, de resultar condenados, habrían de pagar cantidades que van desde los alrededor de 1,5 a los más de tres millones de euros.
La organización criminal habría funcionado con arreglo a criterios jerárquicos, con las tareas “perfectamente repartidas”, las cuales sólo habrían cesado una vez se produjeron la entrada y registro judiciales del 5 de diciembre de 2017. En la cúspide había un tercer individuo que no ha sido localizado.
El ciudadano ruso y su lugarteniente, el procesado de nacionalidad ucraniana, tenían supuestamente experiencia previa en la elaboración de tabaco en Europa del Este, detalla el fiscal. Precisamente de Ucrania eran la mayoría de trabajadores de origen extranjero sin permiso, que se habrían desplazado para la producción de cigarrillos que posteriormente se distribuían con el nombre comercial de J5, en una actividad comercial no declarada ni sometida a impuestos.
Habrían llegado a trabajar desde las 8,00 a las 18,00 horas “con apenas 20 minutos de pausa para comer un bocadillo que les era facilitado y todo ello a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 500 y los 700 euros mensuales que no consta que se hubiera abonado en ningún caso”.
El 5 de diciembre, en paralelo, se produjeron entrada y registro judiciales también en un almacén de Chauchina, “decomisándose numeroso aparataje, maquinaria, vehículos, embalaje y tabaco en diferentes formas”. En la nave se incautaron un total de 37 cajas de picadura, y 132 con miles de cajetillas de cigarrillos, entre otro material. La valoración de mercado de la mercancía intervenida ascendía a más de 1,1 millones de euros, multiplicando “por 75,87 veces la que delimita el delito de la mera infracción administrativa”.
- Te recomendamos -
