MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, admitió este viernes que el índice de precios del alquiler para zonas tensionadas puede ser “mejorable” e insistió en la urgencia de “intervenir” para hacer “racional” un mercado de la vivienda que juzgó “disfuncional”.
Así lo defendió durante su intervención en una nueva edición del ciclo ‘Conversaciones con Toni Roldán’, organizado por el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol y en la que advirtió de que dicho mercado “está generando unas dificultades inasumibles para las mayorías trabajadoras en este país”, teniendo en cuenta que el 40% de empleados con ingresos inferiores “destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda”, algo que consideró “insostenible y que está generando una situación de emergencia nacional”.
“Los mecanismos de control de precio, con todas las discusiones que podamos tener, tienen un efecto inmediato”, sentenció, al tiempo que subrayó que en Cataluña, única región que ha aplicado dicho índice, el “resultado” es que, en Barcelona, “han bajado los precios un 5,2%, mientras que en el resto de grandes ciudades han subido”.
Tras asegurar que “podemos discutir sobre si se han bajado los pisos en oferta, sobre lo que está pasando y cuáles son las soluciones”, se mostró convencido de que “lo que hay que hacer es que el fraude no pueda cometerse”.
“No se puede tolerar en España, en una ciudad como Madrid, que el 90% de los alojamientos turísticos no dispongan de licencia para ello”, abundó, preguntándose “por qué se ha tolerado”, consciente de que esto “se hace porque la vivienda es un mercado que es disfuncional y que está completamente descontrolado”.
En este contexto, denunció la “proliferación absolutamente descontrolada” de vivienda turística así como “una utilización fraudulenta de figuras contractuales como los alquileres de temporada”
Junto a ello, explicó que en España “casi un 30% de las compraventas de vivienda el año pasado fueron a manos de no residentes y más del 50% se hicieron sin hipoteca”, lo que, a su entender, “es un indicador claro de que es una operación que no está destinada al uso residencial o al alquiler social”.
EMERGENCIA
Por todo ello, puntualizó que la situación en las zonas tensionadas de vivienda, “con la emergencia que está suponiendo, con el impacto que está teniendo en nuestras ciudades también”, requiere de “una intervención drástica” y recordó que Sumar plantea que se prohíba la compra de vivienda “que no se vaya a destinar al uso residencial o al alquiler a precios asequibles en las zonas tensionadas”.
“Planteamos una regulación estricta de los pisos turísticos para acabar con estas situaciones de impunidad y descontrol y planteamos que hay que aplicar los dispositivos normativos que tenemos en nuestra mano para controlar esos precios”, apostilló, en referencia a medidas como introducir “topes a los alquileres y precios máximos”, además de la construcción de vivienda pública o la “movilización” de vivienda vacía.
Medidas que, según su criterio, tienen que aplicarse “en unas condiciones de racionalidad para no seguir repitiendo los mismos errores que hemos heredado hasta la fecha” y evaluando “qué es lo que nos ha traído hasta aquí y por qué tenemos esta situación” en la que la vivienda “está funcionando como un gran mecanismo de extracción de rentas” y de riqueza “hacia un sector de escasísimo valor añadido o que produzca o aporte nada” y que está “controlado por lógicas y actuaciones marcadamente especulativas”.
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