MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, abogó este viernes por ampliar hasta las 24 semanas el permiso por nacimiento e insistió en que su “máxima prioridad” es reducir la pobreza infantil en España, que ve “inconcebible, inasumible y, además, económicamente ruinosa”.
Así lo defendió durante su intervención en una nueva edición del ciclo ‘Conversaciones con Toni Roldán’, organizado por el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol y en la que, además, hizo referencia al “déficit” que “arrastra” el país en gasto público en cuanto a protección social a las familias, que, reiteró, es de “más de un punto porcentual del PIB”.
En paralelo, advirtió de que, más allá también de la ampliación de los permisos por nacimiento al menos hasta las 20 semanas o de la remuneración de cuatro de las ocho semanas de permisos parentales de cuidado a las que tienen derecho los progenitores de niños hasta los 8 años, algo que, afirmó “debería haber sucedido, va a suceder y va a suponer una transformación importante”, a su entender, “la gran cuestión y la máxima prioridad” en esta legislatura “tiene que ver con la situación de la pobreza infantil en España”.
“Uno de cada tres niños viven en situación de pobreza y exclusión social en la cuarta economía de la zona euro: es algo que es inconcebible, inasumible y, además, económicamente ruinoso”, denunció, al tiempo que explicó que el coste de la pobreza infantil en España “puede llegar hasta 5 puntos del PIB”.
NO TIENE LÓGICA NI EXPLICACIÓN
A este respecto, aseguró que se trata de “una realidad que no tiene lógica ni explicación y que representa una de las mayores deudas acumuladas de la democracia española”, razón por la cual su gabinete plantea una prestación por crianza “con el objetivo inmediato de reducir a la mitad esa pobreza infantil”.
En este punto, calculó que una prestación universal por crianza en España de 200 euros por hijo a cargo hasta los 18 años de edad tendría un coste “estimado” de un punto porcentual del PIB, que, recordó, “es exactamente el diferencial que tiene España respecto a la media de países de la Unión Europea en gasto de protección social a las familias”, al tiempo que afeó que una sociedad “obsesionada con la demografía”, al mismo tiempo “ignore o tolere” que “uno de cada tres niños y niñas que sí viven en España vivan en condiciones de pobreza”.
En este sentido, incidió en la necesidad de “superar una visión asistencialista de la política social” y “transitar hacia un modelo que reconozca derechos universales de ciudadanía, para todos los ciudadanos, como una red de protección mínima universal” con el objetivo de que la sociedad “transmita el mensaje de que aquí no va a haber un niño o una niña que no disponga de las condiciones mínimas, de una red de protección social”.
OBESIDAD INFANTIL
En otro orden de cosas, preguntado por las propuestas de su gabinete para luchar contra la obesidad infantil, Bustinduy mencionó el “gran decreto” para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables dirigida al público infantil, auspiciado por Alberto Garzón y que, lamentó, “ya en la anterior legislatura fue objeto de gran polémica”, puesto que fue bloqueado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
“Por supuesto, nuestra intención es retomarlo y sacarlo adelante”, advirtió, al tiempo que matizó que se trata de regular una publicidad “específicamente” dirigida a un público que, “por una cuestión de edad, muchas veces no tiene ni siquiera una capacidad de discernir lo que es un motivo o una finalidad publicitaria”, en el “momento de formación de hábitos nutricionales”, convencido de que se trata de “una regulación que también es razonable”, dado que, entre otras cuestiones, “solo afecta a determinados horarios o determinados medios”.
El ministro dijo “aspirar” a contar con el “consenso” necesario para su aprobación e hizo referencia al respaldo que obtuvo este miércoles en el Congreso la ‘Ley ELA’ así como al consenso que concitó la reforma del artículo 49 de la Constitución, medidas sociales que, a su entender, “son de sentido común” y que “pueden constituir excepciones a un juego político que es legítimo, pero que al mismo tiempo es incapacitante para las transformaciones que necesitamos”.
Por último, en cuanto al Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles en el que está trabajando el Ministerio de Consumo en colaboración con otros gabinetes ministeriales y que obligará a colegios e institutos a ofrecer una comida saludable cada día de la semana, admitió que su “aspiración” es que “próximamente pueda ver la luz”.
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