MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El abogado experto en arrendamientos y CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, ha reiterado su llamamiento al Gobierno para hacer frente a la “creciente problemática” de la okupación de viviendas, y ha propuesto una serie de medidas “sin haber recibido respuesta hasta la fecha”.
En primer lugar, considera que la instalación de alarmas conectadas a centrales receptoras se ha consolidado como el método más eficaz para prevenir las ocupaciones ilegales. Estas alarmas permiten a la policía ser notificada de inmediato en caso de entrada no autorizada, lo que posibilita una intervención rápida dentro del plazo crítico de 24 horas, porque para evitar la intervención judicial, la policía necesita coger a los delincuentes “in fraganti”. Pasado ese tiempo, la policía ya necesita una orden judicial para intervenir, lo que complica considerablemente el desalojo, dado que los procesos judiciales en materia de posesión pueden extenderse durante años, a menudo superando los dos.
La ANA, “consciente de la elevada preocupación social en torno a este tema, ha decidido ofrecer a sus clientes la instalación de alarmas sin coste alguno. Esta medida busca brindar tranquilidad, sobre todo en el momento de las visitas a las viviendas, que es cuando se presenta el mayor riesgo de ocupación ilegal, debido a que se desconoce la intención de las personas que las visitan”.
También insiste en la necesaria modificación del artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que actualmente permite que los contratos de arrendamiento de vivienda puedan celebrarse de forma verbal. La agencia aboga por que todos los contratos de arrendamiento tengan que formalizarse obligatoriamente por escrito, lo que permitiría su inscripción obligatoria en un Registro Público de Arrendamientos. De este modo, cualquier contrato no inscrito sería presumido como simulado, lo que impediría que los okupas se ampararan en falsos contratos, tikets u otras simulaciones para justificar su presencia en las viviendas.
Zurdo explicó que esta medida “proporcionaría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un mecanismo ágil para actuar sin demora, ya que, al solicitar los títulos de posesión a los okupas, y al no estar inscritos en el registro, se les podría desalojar sin necesidad de largos procesos judiciales”. “Con esta modificación”, concluyó, “estaríamos dotando a las autoridades de una herramienta esencial para combatir de manera más eficaz esta lacra social”.
En opinión de la ANA, parte de la responsabilidad en el agravamiento de este problema “recae en los políticos, que han implementado procedimientos excesivamente lentos para el desalojo de okupas. La Ley de Derecho a la Vivienda es un claro ejemplo de esta problemática. En dicha normativa, se exige a los arrendadores, al presentar una demanda, el absurdo de tener que probar que la vivienda ocupada es la residencia habitual de los okupas y que los propietarios no son grandes tenedores de inmuebles. Estos requisitos se complican aún más para los grandes tenedores, quienes deben además demostrar la vulnerabilidad de los ocupantes y haber intentado previamente un proceso de conciliación antes de iniciar cualquier acción judicial”.
Según denunció Zurdo, estos requisitos “dilatan los procesos de desocupación de manera significativa, lo que parece evidenciar una falta de voluntad política para abordar de manera eficiente este problema que afecta a miles de propietarios en España, a los que el Estado les traspasa un problema que no les corresponde”.
Con estas medidas, la ANA sigue comprometida con la defensa de los derechos de los propietarios y la lucha contra las okupaciones ilegales, promoviendo soluciones tanto inmediatas como a largo plazo para garantizar la seguridad y tranquilidad de sus clientes.
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