SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, han suscrito este viernes sendos convenios de colaboración para que estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación completen su formación académica con prácticas en los centros que trabajan con menores infractores gestionados por la Junta y, por primera vez, también en servicios de apoyo a la Justicia de la Consejería como los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) o el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA). Ello permitirá duplicar el número de alumnos que se beneficiarán de estas prácticas y que este curso serán casi una treintena.
La Consejería de Justicia gestiona los centros y servicios donde los menores infractores cumplen las medidas judiciales, tanto de internamiento como de medio abierto. Para Nieto, el trabajo con estos jóvenes para su reeducación “requiere una vocación indiscutible” y las prácticas en estos centros son “una oportunidad para que los estudiantes que están terminando su formación teórica conozcan este ámbito laboral en el que necesitamos profesionales muy cualificados y especializados”, tal y como ha recogido la Junta en una nota de prensa.
Este curso serán unos 25 universitarios los que harán prácticas en los tres Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de la provincia (El Limonar, La Jara y Los Alcores), los dos Grupos Educativos de Convivencia de Alcalá de Guadaíra y Montequinto (Dos Hermanas), el Centro de Día donde realizan talleres y cursos de formación o el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) que sigue su evolución mientras cumplen las medidas no privativas de libertad y realiza los informes para los jueces.
Pero además de renovar esta colaboración por cuatro años, la Consejería ha ampliado la oferta de centros para que los alumnos de la UPO hagan prácticas a otros servicios de apoyo a la Justicia de la Junta como el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), donde se presta una atención integral a las víctimas de todo tipo de delitos, y los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que facilitan el cumplimiento de los regímenes de visitas con menores cuando existen conflictos entre los progenitores separados o el resto de familiares. “Queremos que los universitarios tengan contacto con el ámbito de actuación de la Consejería de Justicia”, ha subrayado.
“Doblamos el número de plazas para las prácticas y abrimos más espacios a los alumnos de Derecho, Trabajo Social, Psicología o Educación Social para completar su formación en centros gestionados por la Junta de Andalucía”, ha subrayado Nieto. En total, casi una treintena de estudiantes de la UPO se beneficiarán de ambos convenios este curso.
La Universidad hará la selección de los alumnos y podrán ser prácticas curriculares, obligatorias para los estudiantes, o extracurriculares, de carácter voluntario y que, aun teniendo los mismos fines, no están incluidas en los planes de estudio de las diferentes titulaciones.
“Recibimos mucho de las universidades, nos aportan análisis y estudios y tenemos la obligación de compensarlo colaborando con ellas para que se pueda completar la formación curricular de los estudiantes y de tender puentes permanentemente con las universidades para beneficiarnos mutuamente”, ha añadido tras recordar que la Consejería tiene convenios de este tipo también con las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y la Loyola.
Nieto ha incidido en que “las prácticas para nosotros son un buen ensayo, nos permiten conocer al alumnado, saber cuáles son sus principales habilidades y también sirve a la Universidad para ver qué necesita la Administración Pública para prestar servicio a una sociedad que está cambiando y en la que tenemos que ir de la mano para captar talento en la Junta, que es la principal empresa de Andalucía”.
En este sentido ha recordado que, como consejero también de Función Pública, actualmente se está trabajando en adaptar los sistemas de selección a esos cambios, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero valor competencias y habilidades más allá de la memorización de contenidos.
Durante el acto, Francisco Oliva ha manifestado la importancia de la firma de estos convenios, ya que desde que se implantó el sistema Bolonia las prácticas se han convertido en parte de los planes de estudio y ello supone un avance fundamental en el sistema educativo. Además, para la Olavide, “que cuenta con estudios de Derecho, de Criminología, de Ciencias Políticas o de Trabajo Social, entre otros, esta primera experiencia laboral a través de las prácticas va a ser muy importante para crear vocación”.
Por último, Oliva ha destacado la puesta en marcha en la universidad del programa GO-UPO, con el que se intenta transmitir al estudiantado las habilidades necesarias para desenvolverse en el mercado laboral antes de la realización de las prácticas y que se ha convertido en parte fundamental de la formación integral del alumnado.
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