‘Marea de residencias’ y ‘7291: Verdad y Justicia’ elevaron una nueva denuncia ante la Fiscalía
CIEMPOZUELOS, 11 (EUROPA PRESS)
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha insistido en que se está haciendo un “uso partidista” de las muertes de mayores en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia tras la denuncia presentada este jueves por “discriminación” por parte de las asociaciones ‘Marea de residencias’ y ‘7291: Verdad y justicia’, que representan a más de un centenar de familiares de usuarios fallecidos, hacia altos cargos de la Comunidad de Madrid en aquel momento.
Así lo ha declarado la consejera este viernes desde el complejo asistencial Benito Menni de Ciempozuelos, donde se ha acercado para conocer las instalaciones. “Conocemos que las principales organizaciones y plataformas que están promoviendo esta situación están formadas por exdiputados y personas pertenecientes a partidos políticos de la izquierda”, ha detallado Dávila, y les ha acusado de estar “señalando a los profesionales y a los geriatras que se dejaron la piel por salvar cada vida”.
La consejera ha indicado que están “con las sociedades médicas que hicieron lo humanamente posible” y ha especificado que, hasta la fecha, “la justicia ha apoyado el trabajo que se hizo durante esos terribles meses y ha refrendado todo lo que desde la Comunidad de Madrid se hizo para salvar cada vida”, en referencia a las querellas interpuestas y archivadas, que ascienden ya a 25. Durante su intervención, también se ha mostrado “a disposición de las familias” y ha comunicado que pueden trasladarles “todo aquello que necesiten”.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Superior de Justicia de Madrid por la “discriminación sufrida” durante el Covid-19, se dirige contra 29 personas, entre las que figuran altos cargos del Gobierno de la Coordinación Sociosanitaria durante la primera ola de la pandemia, así como “el firmante y el autor” de los protocolos que impidieron el traslado de los residentes a los hospitales, entre otros.
La denuncia fue presentada por 108 familiares de 115 residentes que vivían en 72 residencias distintas de la región y en ella se aporta “documentación inédita” como “informes internos del Gobierno en los que se reflejaba la situación en la que estaban los geriátricos”, según explicaron López y Valero. También se incluye en el documento que “la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, cinco días antes de la aprobación del conocido como ‘protocolo de la vergüenza'”.
Las representantes de las asociaciones detallaron que se cometió “al menos un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios”, recogido en el artículo 511 del Código Penal. En el peor momento de la pandemia, las residencias de mayores tuvieron que realizar un triaje que impidió que la mayoría de los ancianos fueran atendidos en hospitales.
El Gobierno regional se ha opuesto en reiteradas ocasiones a investigar en la Asamblea lo ocurrido en las residencias gracias a la mayoría absoluta de la que goza el Partido Popular en el Parlamento regional. Por ahora, ya hay 25 procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por Covid en residencias públicas madrileñas al no acreditarse la comisión de delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.
- Te recomendamos -
