MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, denunció este jueves que la empresa gestora del servicio de asesoría jurídica gratuita del Ayuntamiento de Madrid, que atiende a personas vulnerables, pertenece a un abogado condenado por llamar “moro de mierda” y “ladrona” a una de sus empleadas.
Maestre recordó que el contrato está valorado en 1.300.000 euros y que la empresa concesionaria de este servicio pertenece al abogado Pedro Muñoz Lorite, que “en su cuenta de YouTube tiene una entrevista falsa a Francisco Franco” y que ha sido condenado por “véjar y humillar a una de las trabajadoras de su bufete de abogados, llamándola en un chat público ladrona o moro de mierda”.
Añadió que esta empresa “tiene un segundo contrato” de “orientación jurídica específico en materia de homofobia y xenofobia”, por lo que “las personas que acuden al Ayuntamiento de Madrid porque tienen una situación vejatoria humillante relacionada con la homofobia, con la transfobia o con la xenofobia tienen de asesor, tienen de orientador, tienen de persona cercana por parte del Ayuntamiento de Madrid a un ultra de extrema derecha”.
En esa línea, reprochó que esta persona ha ganado “más de dos millones de euros de todos los madrileños para hacer políticas ultra pretendiendo defender precisamente a los más vulnerables”.
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, preguntada por si se plantean rescindir el contrato, respondió este jueves en la Junta de Gobierno que “los contratos, se adjudican, lógicamente en licitaciones que son públicas, y evidentemente quién gana el contrato es a quien se le adjudica con criterios objetivos”. Añadió que “las causas de las resoluciones de los contratos están absolutamente tasadas en el derecho administrativo” y que “las causas o las posibilidades que tiene las administraciones públicas respecto a los motivos para rescindir un contrato están absolutamente tasados en la ley”, por lo que el Consistorio “va a cumplir con las leyes”.
EL PSOE PIDE QUE SE RESCINDA
La concejala socialista Adriana Lima también hizo declaraciones al respecto y pidió que se “rescinda el contrato” porque aunque “el Ayuntamiento alega que cumple con la Ley de Contratación, lo cierto es que si tiene voluntad, puede solucionar este tipo de conflictos”, La administración pública “debe ser un ejemplo en el respeto a los derechos fundamentales y humanos”, añadió.
En ese sentido, exigió que “en los futuros pliegos de contratación se incluya una declaración jurada por parte de los licitadores en la que aseguren no haber cometido ninguna grave vulneración de derechos fundamentales o humanos, ya sea directa o indirectamente, ni a través de ninguna filial, y que se comprometan a respetarlos durante la ejecución del contrato”.
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