MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Trabajo y Economía Social reunirá nuevamente este viernes, a las 9.30 horas, a los agentes sociales para seguir negociando la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, en un ambiente marcado por el optimismo que al menos de puertas afuera muestra Yolanda Díaz sobre las posibilidades de acuerdo, pero con CEOE insistiendo en mostrarse lejos de avalar la medida.
Pese a su oposición, la patronal no se ha levantado de la mesa y señala que no tiene previsto hacerlo, al igual que el Ministerio de Trabajo que, tras la última reunión de finales de septiembre, expresó que detectó un “cambio de tono” en la parte empresarial.
Este hecho, no obstante, fue desmentido por la patronal, cuyo presidente, Antonio Garamendi, volvió a insistir en reivindicar su “derecho” a decir “no” si considera que una medida “no es buena para el país”, como sucede en este caso, debido a que perjudicará a las empresas y al empleo, especialmente a las pymes.
Ante la “importancia” de la rebaja de la jornada laboral y las dificultades para alcanzar un acuerdo, la vicepresidenta segunda avisó tras el último Consejo de Ministros de que tiene “una paciencia infinita” para seguir negociando e insistió en que “hay posibilidad de acuerdo”. También comentó que todo el Gobierno coincide con la idea, pues lo ha manifestado el presidente, Pedro Sánchez, “al frente”.
Igualmente, afirmó que no hay plazo para el cierre de la mesa de negociación para intentar atraer a CEOE a un pacto. “Si pensase que uno de los actores sociales está operando de manera extramuros a la buena fe de la negociación, actuaría. Creo que no es así”, zanjó.
SE IMPACIENTAN
En el lapso de tiempo de casi tres semanas desde la última reunión, los sindicatos han puesto de relieve que su paciencia se agota e incluso el 26 de septiembre convocaron manifestaciones ante las sedes de la patronal de todas las comunidades.
En la protesta central, celebrada ante la sede nacional de CEOE, en Madrid, los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, expresaron que la protesta tiene como fin que la CEOE se siente a negociar y que cada vez más ciudadanos “den respaldo” a la necesidad de reducir la jornada, una medida que beneficiará a unos 12 millones de personas.
Álvarez auguró que “más pronto que tarde” habrá también una mayoría parlamentaria que sacará adelante la reducción de la jornada cuando los partidos constaten el apoyo popular. A su juicio, es “de cajón”, porque las 40 horas llevan intactas en la ley desde hace 40 años.
EL PP ENTRA
Cabe recordar también que en este lapso de tiempo el PP ha irrumpido en el debate por boca de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien no respaldó la medida que capitanea Yolanda Díaz, pero sí abrió la puerta a impulsar una jornada laboral de cuatro días semanales en sectores cuya productividad no se vea afectada. También están promoviendo una ley con medidas de conciliación como forma de no dejar que la izquierda monopolice la ‘bandera’ de los debates de carácter social.
Los sindicatos y Yolanda Díaz aplaudieron que los ‘populares’ se adentren en el debate, mientras la patronal ha recibido con frialdad las iniciativas del PP, alegando que cuando conozcan los detalles se expresarán con independencia.
En este contexto, este mismo lunes y martes Feijóo se reunirá con los interlocutores sociales para tratar cuestiones sobre conciliación, aunque CCOO y UGT quieren aprovechar la ocasión para forzar a que Feijóo se pronuncie sobre la rebaja de la jornada.
Y así las cosas, la mesa de diálogo no solo negocia la reducción de la jornada, sino que Yolanda Díaz también ha planteado un plan de apoyo con bonificación de cotizaciones a las pymes de menos de 10 empleados que tengan que hacer contrataciones para aplicar la reducción.
Asimismo, Trabajo y agentes sociales discuten sobre la mejora del control de jornada para que sea accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo; un aumento de sanciones cuando vulnerar la jornada ponga en riesgo la salud de los empleados; una mayor flexibilidad de la rebaja del tiempo de trabajo en algunos sectores, y la regulación del derecho a la desconexión digital.
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