MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)
Las cuatro asociaciones judiciales con representación en la Región de Murcia han defendido en un comunicado conjunto la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia el pasado 11 de septiembre, por la que se condenó a 13 personas por delitos de favorecimiento de la prostitución de personas menores de edad.
En concreto, las organizaciones son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.
El documento indica que el Tribunal impuso las penas basándose en un acuerdo que “no podía alterar” alcanzado entre el Ministerio Fiscal y las partes, y aplicó el beneficio de la suspensión, “con arreglo a la legalidad vigente, al que las personas condenadas han podido acceder, precisamente por las penas rebajadas que han sido impuestas”.
Asimismo, señalan las cuatro asociaciones que los hechos enjuiciados, que califican “de extrema gravedad”, ocurrieron hace más de 10 años, lo que evidencia una demora que achaca a una “falta de medios” en la Justicia que “no resulta admisible”, y que ha servido como circunstancia atenuante porque “así lo impone el Código Penal”.
En este sentido, han reclamado “una mayor inversión” con el fin de “dotar a la Administración de Justicia de medios adecuados” para que las causas sean juzgadas “en plazos razonables”, de manera que la ratio de juez por habitante en España, de 11,5 por cada 100.000 habitantes en la actualidad, se acerque a la media europea –de 17,7–.
Han insistido en que la extensión de las penas impuestas a los condenados “se debió al acuerdo alcanzado por la defensa de cada una de ellas con la fiscal que intervino en el asunto”, de manera que el Tribunal “no tenía posibilidad, con la legalidad vigente, de fijar penas superiores a las finalmente impuestas”.
“Si bien la decisión sobre la suspensión compete al Tribunal, en el presente caso, el acuerdo entre las defensas y el Ministerio Fiscal que provocó la conformidad, incluía el compromiso de este de informar favorablemente a la suspensión de la ejecución de las penas impuestas”, añade el comunicado.
Tras el dictado de la sentencia, de los 13 condenados, el Tribunal decidió conceder la suspensión a nueve de ellas, por estimar que concurrían los requisitos legales para ello, y está pendiente la decisión respecto de otras cuatro. En relación con las nueve personas a las que se les ha otorgado ya la suspensión, el Ministerio Fiscal solo ha mostrado su oposición en el caso de dos.
“ATAQUES INADMISIBLES” CONTRA EL TRIBUNAL
Las cuatro asociaciones judiciales con representación en la Región de Murcia han aseverado que la crítica a las decisiones judiciales “es legítima” y “el debate resulta enriquecedor en una sociedad democrática”, pero estos “no pueden amparar expresiones groseras, ni ataques desmesurados e inmerecidos contra quienes, día a día se afanan, con una manifiesta carencia de medios, en la defensa de los derechos de los ciudadanos y la protección de las víctimas”.
En el mismo sentido, han insistido en que “más allá de la crítica a las resoluciones judiciales no consideramos admisibles los ataques contra el Tribunal, como institución, ni contra sus miembros, ni contra la ponente de la sentencia”.
“Por lo demás, no puede dejar de destacarse el compromiso del Tribunal, y de todos sus miembros, en la lucha contra los delitos contra la libertad sexual y contra la violencia de género”, han añadido.
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