JAÉN, 9 (EUROPA PRESS)
La reforma de la sede de la Agencia Tributaria en Jaén capital llevada a cabo entre 2017 y 2018 con un presupuesto de unos 3,2 millones de euros ha acabado en un juicio en la Audiencia de Jaén con el director de obra sentado en el banquillo. Se le acusa por el Ministerio Fiscal y por la Abogacía del Estado de apropiarse, entre otros materiales, de los 1.370 elementos de radiadores de hierro que fueron desechados en la obra y cuyo destino tenía que haber sido un gestor autorizado para la gestión de residuos.
De hecho, según recoge el Ministerio Fiscal, el acusado optó por llevar el material a una nave, propiedad de una constructora, en Jaén capital donde además de los radiadores se depositaron 14 luminarias, diez tóner de impresora y algunos CD, cuatro aparatos de climatización, un quemador de caldera, una caldera, un depósito de expansión de caldera y un grupo de presión, dos turbinas de extracción, ocho sillares, y dos vidrieras de vidrio.
Fiscalía hace constar que “todo este material procedente de la obra era o bien material reutilizable o bien material que aún con destino a vertedero tenía valor económico” para la Agencia Tributaria, si bien el acusado, “procedió a enajenar sin consentimiento del dueño de la obra un total de 773 elementos de radiadores de hierro, una caldera y un grupo de presión, que no han sido tasados pericialmente”.
Con este punto de partida se ha sentado en el banquillo el que fuera director de la obra y funcionario de carrera del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda, ahora suspendido, y al que Fiscalía acusa de haber abusado de su cargo para apropiarse de este material de desecho con el fin de sacar beneficio a través de su venta.
El acusado, que ha pedido declarar al final y que no lo hará hasta el próximo 14 de octubre cuando declare el último de los testigos citados en la causa, ha pedido abandonar el banquillo para sentarse junto a su abogado desde donde ha seguido el juicio.
La primera en declarar como testigo ha sido la delegada especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández, encargada de interponer el escrito de denuncia ante la Fiscalía en julio de 2021 cuando ya se había incoado al acusado una información reservada que acabó en un expediente disciplinario ante la sospecha de que “había habido venta privada” de materiales de la Agencia.
Fue uno de los responsables de la nave donde se almacenaban los materiales el que en abril de 2020 dio la voz de alarma al preguntar a la jefa del Gabinete Técnico, Patricia Carrasco, por el contrato de depósito del que supuestamente le había hablado el acusado para que accediera a almacenar el material ya que pasaban los años y nada se sabía al respecto. De no haberse producido esta llamada, como ha declarado la propia Carrasco, “nunca lo hubiéramos sabido”.
Fue esta personal la que facilitó el inventario del material depositado y aquel que supuestamente se había vendido. Además, recogía seis equipos de climatización que supuestamente salieron de la nave para ser reutilizados en la mejora de la climatización de la sede de la Agencia Tributaria de Granada.
A todo ello, se suma un anuncio publicado en un portal digital en octubre de 2020 con la venta de radiadores y en el que aparecía el teléfono de contacto del acusado y de su hijo, anuncio que finalmente fue retirado. Según el hijo del procesado que también ha declarado como testigo, los radiadores puestos a la venta se corresponden con material procedente del derribo de inmuebles de su abuelo.
Lo que también ha subrayado la jefa del gabinete técnico es que el material de desecho no acabó en el gestor de residuos como estaba contemplado en el proyecto. Sin embargo, la partida del proyecto destinada a cubrir el tratamiento de los residuos de la obra sí se incrementó en un 45 por ciento. Además, uno de los ocho equipos de climatización que fueron retirados y que podían ser reutilizables, a día de hoy sigue sin ser localizado.
Los responsables de la Agencia Tributaria que han declarado han coincidido en señalar que no tenían conocimiento de que los materiales se hubieran llevado a una nave, mientras que el propietario de la nave, ha señalado que aceptaron almacenar el material porque confiaban en el acusado y esperaban que se les remunerara con contrato de depósito que nunca llegó.
El responsable de la nave ha dicho que en su día hubo que actuar deprisa porque aunque en un principio la reforma se iba a realizar compatibilizado las obras con el trabajo de los funcionarios, un accidente conllevó que la Inspección de Trabajo paralizara durante seis meses la obra y que “deprisa y corriendo hubiera que buscar una sede provisional” para los funcionarios.
En este contexto, los materiales de desecho “estorbaban” para continuar la obra y por eso se optó por su traslado a la nave como una decisión “de urgencia”.
El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos por los que le reclaman al acusado tres años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público en especial para el empleo de arquitecto al servicio de las administraciones públicas.
Además, le pide que indemnice a la AEAT en la cantidad de 4.920 euros por los materiales no recuperados y en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los materiales consistentes en los 773 elementos de radiadores de hierro, un grupo de presión y un caldera enajenados y no recuperados.
El juicio está previsto que quede visto para sentencia el próximo 14 de octubre cuando se celebra la segunda y última de las sesiones previstas.
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