MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera y el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) anunciaron este miércoles que han demandado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid al Ayuntamiento por “vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores” de las piscinas municipales en julio y agosto cuando algunos protestaron por “el despido de 400 trabajadores y trabajadoras, algunas interinas de larga duración”.
Según explicaron en un comunicado, el mismo día del inicio de los paros convocados el pasado verano en contra del despido de 400 trabajadores, el Ayuntamiento “decidió calificar” las instalaciones deportivas municipales como “refugios climáticos para establecer servicios mínimos que en muchos casos llegaron a ocupar al 100% de la plantilla”.
Estos paros convocados no estuvieron secundados por los sindicatos mayoritarios y el Ayuntamiento justificó que los cambios en la plantilla se hicieron “conforme a la legalidad” de las bases de los “procesos de consolidación” que se “aprobaron y se acordaron con todos los sindicatos con representación en el Ayuntamiento”. Los parones además quedaron desconvocados el 5 de agosto tras alcanzarse un acuerdo.
No obstante, los sindicatos ahora consideran que la declaración de refugio climático se tomó “de manera unilateral” y “vulneró el derecho a la huelga al impedir a muchos trabajadores secundar las movilizaciones por temor a sufrir represalias por parte de los responsables municipales”. Argumentaron que “según constatan los representantes sindicales, los servicios mínimos establecidos llegaron a ocupar en algunos casos al 100% de la plantilla contratada”, algo que está “prohibido por la legislación laboral”.
Además, los denunciantes relataron en su escrito que “para mantener la apariencia de normalidad” algunos centros “modificaron el calendario de libranzas de los trabajadores, obligaron a doblar turnos y contrataron retenes para sustituir a los compañeros y compañeras que se encontraban secundando la huelga”.
Añadido a esto, la demanda “deja constancia” de que durante los días de huelga no se cumplieron los requisitos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para declarar una “alerta sanitaria por calor”.
OLA DE CALOR
Fuentes del Área de Economía, Innovación y Hacienda, de la que dependen los empleados municipales, replicaron tras conocer la demanda que los servicios mínimos se decretaron “priorizando en todo momento los impactos previstos en la salud de los ciudadanos, como consecuencia de las altas temperaturas” entre el 27 de julio y el 10 de agosto.
Además explicaron que “los servicios mínimos se fijaron siguiendo las pautas del plan autonómico y el plan municipal, que establece tres niveles de riesgo: normalidad, precaución y alto riesgo”. A ese respecto, detallaron que el último nivel se activa “cuando la temperatura máxima prevista para el día en curso o uno de los cuatro días siguientes es superior a 38,5ºC al menos un día, o cuando se prevén temperaturas superiores a 36,5ºC al menos durante 4 días consecutivos”, hecho que “se produjo durante esos días”, según el Consistorio.
La administración municipal entendió “necesario” en esos días “garantizar el normal funcionamiento de estas instalaciones para que funcionaran como refugio climático” a partir de la declaración de la fase de alto riesgo. Finalmente, recordaron que la “activación de servicios mínimos” está supeditada “a la existencia de escenarios de calor” por lo que estaba prevista “la desactivación de los servicios mínimos en situaciones en las que no se diera el escenario de alto riesgo”.
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