MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La ONG británica Save the Children ha negado este martes tener vínculos con el tráfico de niños de origen guatemalteco por la frontera sur de Estados Unidos, después de que en la víspera la Fiscalía de Guatemala registrara varias de sus sedes en el país centroamericano con motivo de una investigación “de carácter transnacional” sobre supuestas “vulneraciones y abusos” de menores.
“Estamos al tanto de las acciones en nuestras oficinas de campo en Guatemala. Tras las alegaciones previas contra nuestra organización este año, confirmamos que no se encontraron pruebas de irregularidades. Reafirmamos que nunca hemos facilitado ningún traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala”, ha señalado en un comunicado remitido a Europa Press.
Save the Children, que opera en Guatemala desde 1976, se ha mostrado “profundamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas” y ha sostenido que está Colaborando con las autoridades y cuidando de su personal. “Seguiremos trabajando para defender los derechos de la niñez, como siempre hemos hecho, manteniendo los más altos estándares de protección y salvaguarda de todos nuestros programas”, ha subrayado.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, explicó el lunes que la operación incluyó cinco “diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia” en las sedes ubicadas en distintos puntos del país, mientras que solicitó apoyo a la Fiscalía de Texas (Estados Unidos) para “dar seguimiento a la denuncia y unir esfuerzos”.
En abril, la FECI también registró la sede de Save the Children en Guatemala en el marco de una investigación por supuesto tráfico de niños que involucraría a varias ONG. Entonces, la ONG se mostró “impactada y desconcertada” por un registro “sin precedentes” de sus oficinas y denunció que no se les había dado a conocer “ninguna acusación específica” y que no había evidencias “que respalden ninguna acusación de conducta indebida”.
Curruchiche está sancionado por decenas de países acusado de intentar socavar la democracia en Guatemala y obstaculizar la lucha anticorrupción. Estados Unidos y la Unión Europea no permiten su ingreso en sus respectivos territorios con motivo de estas sanciones.
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