MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Plena inclusión España subrayó este martes que “el reto de la inclusión educativa es también responsabilidad de las administraciones implicadas en el bienestar de la infancia”. Es una de las propuestas para elaborar el Plan de Educación inclusiva, recogido en la Ley de Educación (Lomloe) en 2020.
La organización de personas con discapacidad se basa para hacer esa petición en dos estudios realizados en colaboración con el Grupo Equidei de la Universidad Autónoma de Madrid. Estas investigaciones, presentadas este martes durante una jornada en Madrid, profundizan en los procesos de transformación de los centros de educación especial para ser centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios.
Se trata en primer lugar de ‘Voces y perspectivas de los centros de educación especial sobre barreras y apoyos para su transformación en centros de recursos’, un estudio que recoge elementos útiles para la toma de decisiones de las administraciones públicas. En el mismo han participado siete centros de educación especial de 6 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia), con los que se trabajó en profundidad en diferentes grupos de interés, con el objetivo de recoger sus opiniones y valoraciones respecto al desarrollo de la Disposición Adicional 4 de la Lomloe.
Junto a ello, también se presentó el documento ‘Indicadores de una Hoja de Ruta para la transformación de los centros de educación especial’, que ofrece una propuesta de indicadores relevantes para que cada administración pública, desde su realidad actual, pueda construir su propia hoja de ruta de su proceso de transformación en Centros de Recursos y Apoyo para la Inclusión.
La Lomloe estableció que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años -de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030-, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.
“Han pasado ya cuatro años desde la aprobación de la Ley y creemos necesario dar un impulso a hacia la transformación. La inclusión debe empezar desde los entornos educativos, los niños y niñas necesitan crecer en igualdad de condiciones y, para ello, debemos garantizar los marcos legislativos que incluyan a todas las personas”, reivindicó en este contexto la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica.
MOMENTO DE REFLEXIÓN
Laucirica aseguró durante el acto que el Gobierno no debe olvidar el compromiso para la elaboración del Plan de Educación Inclusiva, y que los resultados de las investigaciones son una contribución para impulsar su puesta en marcha. “Nos encontramos en un momento especial de reflexión, para mirar el recorrido de nuestro trabajo y lo que hemos logrado, también para mirar al futuro y lo que debemos seguir avanzando”, remarcó.
Desde el Ministerio de Educación y Formación profesional, la directora General de Evaluación y Cooperación Territorial, Mónica Domínguez, resaltó la importancia de iniciativas de investigación como la presentada por Plena inclusión. “Debemos basarnos en evidencias para avanzar en una buena dirección y seguir las buenas prácticas que se realizan en los centros educativos con apoyo de la administración pública, para que, la educación inclusiva sea una realidad en 2030 para todos los niños y niñas”, indicó.
En la jornada también participaron representantes de centros de educación especial de Galicia, Castilla-La Mancha y Cataluña, así como del citado Grupo de investigación Equidei y de la Generalitat de Cataluña.
SISTEMA INCLUSIVO DE CALIDAD
Reafirmar un sistema educativo inclusivo de calidad fue otro de los asuntos del día, bloque en el que los asistentes escucharon a académicos y a los profesionales de las entidades que han participado en la investigación. Algunas de las conclusiones que marcan el camino a recorrer para superar las barreras e identificar los apoyos necesarios pasan por tener en cuenta a las personas con discapacidad y las entidades que defienden sus derechos.
“’Nada para nosotros, sin nosotros’, fue una de las primeras aportaciones que hicieron los profesionales de los centros educativos. En esa línea, desde el grupo de la Autónoma se puso en valor los espacios de diálogo entre los centros educativos, las familias y los propios niños.
Los indicadores y las dimensiones de trabajo profundizaron en las aportaciones de los diferentes grupos de interés, en las múltiples formas de interpretar los conceptos sobre qué es un centro de recursos y cuál es el límite de la educación inclusiva fueron argumentos incluidos en la reflexión.
“Tenemos que hablar de apoyos y ajustes razonables. Se vulneran derechos básicos cuando automáticamente segregan a los niños y niñas a un servicio porque creen que corresponden a un aula especial”, aseveró la directora Centro de Educación Especial de Jeroni de Moragas (Cataluña), Alba Cortina.
“Debemos entrenarnos para ser líderes de conocimiento para este proceso de transformación continuo de ambas partes y encontrar la forma para trabajar juntos y compartir aprendizajes”, concluyó.
HOJA DE RUTA
Para Cecilia Simón, investigadora del Grupo Equidei, “el reto de la equidad y la inclusión va más allá de la escuela, la educación inclusiva es también responsabilidad de la comunidad y de todos aquellos agentes que tienen que ver con el bienestar de la infancia: administraciones y entidades”.
Plena Inclusión se hizo eco de que esta investigación hace referencia a una visión compartida sobre los procesos de transformación y ofrece una propuesta de indicadores relevantes para que cada administración, desde su realidad actual, pueda construir su propia hoja de ruta de su proceso de transformación en Centros de Recursos y Apoyo para la Inclusión.
También destacó la participación de la Generalitat de Cataluña con la presentación de la puesta en marcha de los Centros de Educación Especial Proveedores de Servicios y Recursos nacidos para apoyar la inclusión (Ceepsir). “Cada centro debe estar acompañado y recibir la ayuda para lograr posicionarse y su compromiso de avance junto con las comunidades educativas y las familias”, explicó María Macià, jefa del Servicio de Apoyos y Medidas para la Inclusión del Gobierno catalán.
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