Tacha de “verdadera broma de muy mal gusto” que el Gobierno pida justificar en 2022 una compensación que pagó en 2023 VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha informado este martes de que la Junta de Castilla y León remitirá a finales de octubre o principios de noviembre al Gobierno de la nación los datos para el censo del lobo que, según ha adelantado, son “de claro incremento”.
Tras recordar que las comunidades autónomas tienen de plazo hasta diciembre para remitir los datos que nutrirán el censo nacional del lobo que se elabora cada diez años, el consejero ha asegurado que Castilla y León lo tiene “prácticamente terminado” por lo que ha afirmado que lo va a remitir antes al Gobierno de España para presentarlo públicamente también.
“Los primeros defensores de la conservación del lobo y de su estado de conservación favorable somos las administraciones autonómicas”, ha aseverado el consejero que ha recordado que las autonomías también son defensoras de la ganadería por lo que se ha comprometido a “luchar de nuevo para volver a conseguir” un equilibrio entre ambos.
Por otro lado, ha calificado de “kafkiano” y de “verdadera broma de muy mal gusto” que el Gobierno de la nación haya pedido justificar en 2022 la compensación por los daños ocasionados por el lobo que dio en el año 2023.
Suárez-Quiñones ha recordado al respecto que cuando el Gobierno central aprobó la Estrategia del Lobo en 2022 aseguró que iba a poner 20 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas para los pagos compensatorios y para medidas preventivas y ha aclarado que ese mismo año hubo una aportación de unos 9 millones de euros que pagó finalmente en enero de 2023.
“Resulta que ahora tenemos el problema de que nos piden justificar que la hemos hecho efectiva en el año 2022, esto es kafkiano. Nos dan la aportación del 22 en el 23 y dicen justifiquen usted que la ha hecho efectiva en el 22”, ha reprochado al Gobierno de la nación.
Finalmente, ha lamentado la “situación insostenible” que ha generado la prohibición de la caza del lobo adoptada por el Gobierno en un “justificación ideológica” cuando no había ninguna constancia de un regreso de la población del lobo y del territorio.
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