ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)
La secretaria del sector de servicios sociales en UGT Aragón, Angélica Mazo, junto a varias trabajadoras, ha entregado 2.500 firmas en el registro del Ayuntamiento de Zaragoza para pedir que no se modifique el sistema de refuerzos del servicio de ayuda a domicilio como se recoge en los pliegos de la nueva licitación de este contrato.
Mazo ha explicado que el sistema de refuerzos del servicio está ganado desde hace 22 años con una huelga de las trabajadoras, porque había una situación en la que cuando un usuario se daba de baja del servicio, automáticamente a la trabajadora le daban de baja las horas de contratación que tenía de ese usuario.
Las bajas de los usuarios son habituales, es algo normal, pero el que a una trabajadora que ya está contratada a tiempo parcial le den de baja sus horas de servicio, eso supone que ya ese mes “no sabe lo que va a cobrar”, ha criticado.
Con los nuevos pliego,s el Ayuntamiento quiere volver a esa situación de hace más de 22 años cuando UGT convoca una huelga del sector que concluye con el acuerdo que han respetado “todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular”, y durante 22 años se han mantenido los refuerzos del servicio.
Con los nuevos pliegos, el Ayuntamiento “quiere eliminar los refuerzos del servicio o dejarlos a la decisión empresarial, que sea la empresa la que decida si los da o no”, lo que conlleva “un riesgo tremendo, puesto que las empresas que tengan problemas económicos o que vayan ajustadas económicamente no los van a dar, porque tienen que adelantar el dinero”.
A su parecer, para las trabajadoras “va a ser dramático, porque a una trabajadora, si le rebajan hasta un 50% su salario, no va a saber lo que va a cobrar, no va a poder comer, no va a poder vivir, no va a poder pagar las facturas”.
CONTRATOS PRECARIOS
Tras esta exposición, ha trasladado al Ayuntamiento la petición “no de que incluya mejoras, sino que mantenga la situación actual, que no modifique lo que durante 22 años todos los grupos políticos han mantenido, independientemente del color que tuvieran”.
En declaraciones a los medios de comunicación, Mazo ha dicho no entender esta pretensión del Ayuntamiento porque para las trabajadoras “va a ser dramática la situación y muchas no van a poder pagar las facturas, no van a poder comer, además hay un apoyo tremendo de la ciudadanía hacia este servicio”. Por ello, ha insistido en pedir al Ayuntamiento que mantenga los refuerzos tal y como están.
La responsable de UGT ha dicho que, cuando no ha habido refuerzos del servicio, ha llegado a haber trabajadoras con nóminas de 100 y 150 euros. “Estamos hablando que este sector tiene unos salarios entre 600 y 800 euros. Son contratos a tiempo parcial, ya no están a jornada completa. Hay trabajadoras que para poder tener un salario medio digno de 600 euros, están 12 horas trabajando de domicilio en domicilio, todo el día. Es un trabajo muy precario, entonces no lo precaricemos más”, ha explicado.
Ha recalcado que “no es justo” y ha advertido de que para las trabajadoras puede ser que “no puedan comer a final de mes”. “Creo –ha incidido– que el Ayuntamiento no debería querer esto para las trabajadoras cuando tenemos detectadas trabajadoras que están yendo a los servicios sociales y son trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio”.
Mazo ha recordado que están a la espera de que la consejera municipal de Servicios Sociales, Marian Oros, les convoque para debatir este asunto y también el aumento de los recorridos que tienen que hacer las trabajadoras para ir de un domicilio a otro. En la actualidad es de una media de entre 10 y 15 minutos, pero puede llegar a ser una hora y dado que el servicio lo tienen que prestar, ese aumento de desplazamiento no tiene claro si es costa de la trabajadora o del Ayuntamiento.
“Son cosas que han quedado ahí en el aire, pero que están puestas en el pliego y que puede también suponer un perjuicio para la trabajadora porque o lo asume económicamente el Ayuntamiento o lo asume la trabajadora”. Para Mazo, es “súper injusto que lo asuma la trabajadora, cosa que el pliego no lo aclara”.
OTRAS CRÍTICAS
También ha calificado de “injusto” que haya modificaciones de las categorías profesionales y de las funciones del personal a las que les atribuyen tareas de coordinación. Su impresión es que lo que se plantea en los pliegos, de forma indirecta, es “eliminar puestos de coordinación del servicio y que otras categorías profesionales, que les cuestan más baratas económicamente, al final se hagan funciones que no les corresponden”.
Al respecto, ha comentado que las coordinadoras del servicio son profesionales, trabajadoras sociales, que llevan muchos años y son específicas del servicio. “Tienen una profesionalidad porque ya están tanto con usuarios como con las familias y coordinan todos los recorridos del servicio y toda la gestión del servicio. No lo puede hacer una persona que no tenga la formación adecuada”, ha zanjado.
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