MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
El 67,5% de las personas que consumen contenidos editoriales digitales los obtiene por medios ilícitos. De ellos, un 40% desconoce que estos contenidos son piratas, según se pone de manifiesto en el segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, un estudio que analiza la percepción de la sociedad española sobre los contenidos editoriales y su propiedad intelectual, cuyas conclusiones publicó este martes el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro).
A pesar de que el 94% de los encuestadas reconoce el papel esencial de la propiedad intelectual en el desarrollo de la sociedad, el 87,57% de ellos delega en el sector público la responsabilidad de garantizar el respeto a estos derechos.
El 67,5% de los consumidores de contenidos editoriales digitales los piratea. De ellos, un 40% ignora que estos contenidos son piratas. Ante esta situación, el estudio plantea la necesidad de poner en marcha campañas informativas y de sensibilización para acabar con estos comportamientos.
Los consumidores justifican la piratería de contenidos editoriales afirmando que carecen del conocimiento necesario para actuar de otro modo, señalando que no existen medidas efectivas contra este comportamiento o refrendando que las consecuencias son mínimas.
También señalan que la piratería de libros y prensa es una práctica común o aceptada y otros minimizan las consecuencias negativas de esta actividad ilícita.
Por su parte, el estudio aborda el impacto de la inteligencia artificial generativa (IAG) en la protección de los derechos de autor, atestiguando que actualmente varias empresas que desarrollan programas y bases de datos de esta tecnología “están utilizando contenidos editoriales sin la autorización adecuada y sin ofrecer la remuneración correspondiente a los autores y editores afectados”.
Ante esta situación, Cedro plantea “definir políticas públicas con el fin de reconocer social y económicamente los contenidos editoriales de calidad y los derechos de propiedad intelectual de sus autores y editores, tanto en el ámbito educativo como en el profesional, ya sea en el mundo analógico como en el digital, incluyendo la IAG”, poner en marcha “campañas efectivas contra la piratería, que tengan en cuenta las justificaciones de los piratas y los sesgos cognitivos”, y “educar y formar en buenas prácticas sobre la propiedad intelectual con los recursos existentes a todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en la comunidad educativa”.
Por último, el trabajo tiene un apartado en el que se recogen las propuestas que los ciudadanos solicitan a las autoridades para proteger el trabajo de los autores y de los editores, entre los que destacan “impulsar el desarrollo cultural mediante el apoyo a escritores y periodistas locales y la protección de los derechos de autor”, “fomentar la cultura a través de bibliotecas físicas y digitales, y las ferias del libro”, “promover el desarrollo del pensamiento crítico, favorecer la difusión de información de calidad” y “reivindicar la historia y la identidad cultural”.
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