MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha confirmado este martes que mantiene la reforma legal que acorta las penas de los presos de ETA al transponer una directiva europea que permite restar los años de condena cumplidos en Francia, pese a las críticas de asociaciones de víctimas y del PP, a quien la ministra Portavoz, Pilar Alegría, se ha dirigido para negar que haya incurrido en un “despiste o error” a la hora de respaldar la norma.
“Lo que es verdaderamente indigno es que usen el terrorismo para tapar su vacío de proyecto y liderazgo”, ha señalado en referencia al PP la ministra Portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha remarcado varias veces que “ETA desapareció hace 13 años” y que el polémico cambio legal salió adelante en el Congreso por “unanimidad”, incluyendo a PP y Vox.
En este sentido, fuentes del Gobierno han confirmado que el proyecto de reforma de la ley orgánica 7/2014 seguirá adelante con la enmienda de Sumar que rebaja las penas para más de 40 terroristas, entre ellos históricos dirigentes de ETA como Xabier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, y José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’, que podrían ser excarcelados ya en 2025.
LITERAL AL APROBADO POR RAJOY
La portavoz del Ejecutivo ha señalado que iba a explicar “la verdad” de un proyecto que, según ha relatado, fue aprobado en ponencia de la Comisión de Justicia, luego en el Pleno del Congreso y, posteriormente, fue elevado al Senado, donde este martes el PP lo ha retirado del orden del día del Pleno de la Cámara Alta tras las críticas de asociaciones de víctimas, aunque sin margen para que la norma salga definitivamente adelante.
Alegría ha recordado que durante el tiempo de tramitación en el Congreso y el Senado, cámara donde el PP tiene mayoría absoluta, no se ha presentado “ninguna enmienda ni veto”. “Es más, algo fundamental, este texto que se va a aprobar es literal al que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy aquí en Consejo de Ministro en el año 2014”, ha enfatizado.
“Entenderán ustedes que difícilmente el Partido Popular aquí no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben, es el mismo texto, idéntico al texto que aprobó el Gobierno del señor Rajoy en el año 2014”, ha reiterado, apuntando también a declaraciones del PP en el Congreso cuando el portavoz de este partido dijo que la normativa llegaba “dos años tarde”.
“Por tanto, que el Partido Popular deje de engañar, deje de mentir. Aquí no hay ningún tipo de error. Aquí no hay ningún tipo de fallo. Y sobre todo, lo que les exijo es que dejen de utilizar de esa manera tan indigna el terrorismo”, ha continuado.
AVAL DEL CONSEJO DE ESTADO Y AUDIENCIA NACIONAL
En este sentido, ha recordado que el Consejo de Estado avaló el cambio legal por unanimidad el 16 de diciembre de 2023 y el 3 de enero de 2024 la Audiencia Nacional elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, “donde advertía de la necesidad de adoptar al derecho español la normativa europea”.
“ETA acabó hace 13 años, ETA desapareció hace 13 años, lo que fue una victoria de toda la sociedad española y de la democracia; y por eso, en nombre del Gobierno y de todos los españoles y españolas, les exijo al Partido Popular que dejen de usar de esa manera tan partidista y tan obscena aquello que tanto daño hizo al pueblo español, lo que es absolutamente indignante”, ha terciado Alegría.
La ministra Portavoz también ha contestado a una pregunta sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para destacar que “desde el primer momento el propio ministro siempre ha mantenido una conversación y un diálogo fluidos con las asociaciones de las víctimas”.
En 2022, cuando la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) alertó de las reformas legales que podrían acortar las penas de más de 40 presos de ETA, el titular del Interior negó este extremo y relacionó el cambio legal en exclusiva a la “interoperabilidad de bases de datos entre países europeos” en relación con los antecedentes penales, sin que esto incidiera en la duración de las condenas.
De hecho, en febrero de 2022 la Dirección General de Asistencia y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de Ministerio del Interior, envió un correo electrónico a asociaciones y fundaciones de víctimas explicándoles que “no existía ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea”.
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