MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reivindicó este martes en París la necesidad de desplegar una serie de actuaciones “para proteger los derechos de las personas consumidoras cuando son violentados por grandes empresas multinacionales” y de que se tomen medidas para que estas empresas multinacionales “respeten estos derechos, sin que puedan blindarse legalmente usando su poder económico”.
Así lo exigió durante su intervención en el plenario del Comité de Política del Consumidor (CCP) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su sede de la capital francesa, en la que también subrayó las acciones “valerosas” que, a su juicio, se han emprendido en los últimos años desde la OCDE en materia de fiscalidad “para garantizar que estas empresas cumplan un mínimo de tributación global en el impuesto de sociedades”, según precisó su gabinete en un comunicado.
En paralelo, Bustinduy avanzó que compartirá con sus homólogos de Consumo en la OCDE la “experiencia pionera y de vanguardia” que está llevando a cabo España “en materia de regulación y de prevención de fraudes” en sectores como el transporte aéreo, el comercio electrónico, la publicidad encubierta en entornos digitales o las plataformas de alquiler de vivienda vacacional, en referencia a las actuaciones que se han puesto en marcha desde el departamento que dirige y que han desembocado en importantes investigaciones y expedientes sancionadores.
Por otro lado, el ministro señaló que los dos “grandes desafíos” que hay actualmente en el ámbito de Consumo son, por una parte, “hacer una transición climática y digital que sea justa, responsable e inclusiva” y, por otra parte, “democratizar las relaciones de consumo”, que, a su entender, “actualmente están atravesadas por profundas desigualdades”.
Para ello, resaltó la agenda de políticas públicas que se ha puesto en marcha desde el Gobierno de España como un “punto de partida” para “aportar soluciones y buscar la colaboración” de otros ejecutivos de la OCDE con el fin de llevar a cabo regulaciones a nivel internacional.
TRANSICIÓN CLIMÁTICA
Por lo que se refiere a la transición climática, Bustinduy mencionó la próxima Ley de Consumo Sostenible en la que está trabajando para que en España se regule el papel que deben asumir las empresas en esta materia y “combatir” fenómenos como el greenwashing o ecoblanqueo.
En este punto, reclamó una regulación internacional sobre esta materia “que permita a las personas consumidoras tener información fiable y suficiente para tomar sus decisiones” y para “evitar” que la transición verde no sea solo una responsabilidad individual que se traslade a quienes consumen un producto, sino a la generación de normas que permitan reorientar los sistemas de producción, distribución y consumo, para transitar hacia una economía “más sostenible y socialmente justa”.
Además, el ministro también se refirió a regulaciones como la prohibición de la obsolescencia programada “para garantizar el derecho de toda persona consumidora a reparar los productos que compra” y defendió que, en el seno de la OCDE, se genere una capacidad “real y efectiva” para crear entornos seguros en el sector económico digital.
“Hay una enorme expansión de este sector, en el que grandes multinacionales acaparan un gran poder y en el que personas consumidoras están indefensas y en una situación de vulnerabilidad”, manifestó Bustinduy, al tiempo que aseguró su intención de construir alianzas internacionales que permitan abordar este desafío. En este contexto, puntualizó que las normativas estatales “son importantes, pero no suficientes”, convencido de que “necesitamos una normativa internacional, cooperación y una acción conjunta”.
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